El académico e investigador de Educación de la UNAB, Juan Pablo Catalán, advierte que los recursos destinados a la alimentación escolar no representan únicamente cifras presupuestarias: sostienen el aprendizaje y la igualdad de oportunidades de miles de estudiantes.
Las observaciones formuladas por la Contraloría y los antecedentes entregados por Junaeb al Ministerio Público por eventuales irregularidades en contratos de alimentación escolar abrieron una discusión que va mucho más allá de los pagos y procedimientos administrativos.
Las investigaciones deberán establecer qué servicios fueron contratados, cuáles se prestaron efectivamente y si existieron incumplimientos o responsabilidades. Sin anticipar culpabilidades, resulta indispensable que el proceso avance con transparencia y permita conocer el destino de recursos públicos que involucran varios miles de millones de pesos.
Para Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación de la Universidad Andrés Bello, el problema central está en la finalidad de esos recursos: garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan alimentarse y aprender en condiciones dignas.
“Un estudiante con hambre no aprende en igualdad de condiciones”, plantea el académico. La falta de alimentación afecta la concentración, la participación y el rendimiento, especialmente en aquellos hogares donde la comida entregada en la escuela constituye una parte fundamental de la dieta diaria.
Por ello, el Programa de Alimentación Escolar no puede entenderse como un gasto complementario. Es una política de protección social que favorece la asistencia, la permanencia en el sistema educativo y el aprendizaje de estudiantes que enfrentan distintas situaciones de vulnerabilidad.
Las auditorías deberán determinar si hubo errores administrativos, incumplimientos contractuales o eventuales conductas ilícitas. Sin embargo, existe una conclusión que no necesita esperar una sentencia: cada peso destinado a alimentar estudiantes debe cumplir efectivamente ese propósito.
Cuando falla la alimentación escolar, no solamente queda en entredicho la ejecución de un contrato. También se debilita una promesa esencial del Estado: evitar que las condiciones económicas de origen determinen cuánto puede aprender un niño o hasta dónde puede llegar.
Porque detrás de cada ración existe mucho más que comida. Hay una oportunidad para aprender, una familia que confía y una responsabilidad pública que debe cumplirse.
Columna de opinión basada en el análisis de Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación de la Universidad Andrés Bello.
