La caída del fondo más conservador abrió una investigación sobre las decisiones de inversión de las administradoras. Explicamos qué ocurrió y qué significa para los afiliados.
La Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP del país para determinar si incumplieron sus obligaciones al administrar los ahorros de los fondos D y E. La medida, anunciada el 20 de octubre, busca esclarecer eventuales responsabilidades por las pérdidas registradas. Todavía no constituye una sanción ni acredita negligencia.
Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E acumuló una caída promedio de 10,39% real, cifra que considera la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. El Fondo D retrocedió un 6,38% durante el mismo período, según el organismo fiscalizador.
¿Cómo puede perder dinero el fondo considerado más conservador? Aunque invierte principalmente en instrumentos de renta fija, como bonos, sus precios cambian. Cuando las tasas de interés suben, los bonos antiguos que pagan tasas menores pierden atractivo y bajan de valor. El efecto suele ser mayor en inversiones de largo plazo.
A esto se suma la exposición a derivados de tasas de interés: contratos financieros cuyo valor depende de cómo se mueven esas tasas. El Banco Central ya había señalado, en su informe del segundo semestre de 2025, que los fondos de pensiones aumentaron la sensibilidad de sus inversiones mediante derivados de tasas en dólares.
Para dimensionar la caída, el Fondo E perdió un 7,40% nominal durante los primeros nueve meses del año. En un ejemplo simplificado, $10 millones habrían disminuido a $9.260.000, sin considerar cotizaciones ni otros movimientos. El resultado de cada afiliado depende de su AFP y del tiempo que permaneció en el fondo.
Desde las administradoras, ProVida atribuye el resultado negativo de septiembre al fuerte aumento de las tasas de interés de largo plazo y su impacto en las inversiones nacionales e internacionales.
Sin embargo, explicar el comportamiento del mercado es solo una parte del caso. La investigación deberá determinar si las AFP evaluaron y controlaron adecuadamente los riesgos, actuando con el cuidado exigido para administrar recursos que pertenecen a los trabajadores.
La legislación obliga a las AFP a proteger la rentabilidad y seguridad de los fondos, y contempla responsabilidad por perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones. La devolución de las pérdidas no es automática: una eventual indemnización requiere establecer los incumplimientos y los daños correspondientes.
