La querella identifica un perjuicio fiscal inicial superior a $75,9 millones por irregularidades en contrataciones y pagos municipales. A solicitud del CDE, el Juzgado de Garantía de Linares decretó la prohibición de celebrar actos y contratos sobre tres propiedades del alcalde Pedro Pablo Muñoz Oses.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra el alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz Oses, y otras siete personas, por hechos vinculados a un fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
La acción judicial apunta a posibles irregularidades en la contratación de artistas para el festival “Colbún y su Gente”, servicios jurídicos financiados con recursos municipales, obras en establecimientos educacionales y la concesión del Balneario Machicura.
¿En qué consistiría el fraude?
Según la querella, el presupuesto del festival de febrero de 2023 habría aumentado de $104 millones a $192 millones sin aprobación del Concejo Municipal. El CDE también cuestiona una presunta fragmentación de contratos y diferencias entre lo pagado por el municipio y lo recibido por los artistas.
Uno de los casos citados es el del humorista Dino Gordillo, quien habría declarado ante la PDI que recibió $5 millones, mientras la orden de compra municipal registraba $11,9 millones por su presentación.
La querella también aborda presuntas irregularidades en las obras de las escuelas Carlos del Campo Rivera y Rari, además de prórrogas de la concesión del Balneario Machicura que habrían generado pagos adicionales cuestionados.
Abogados pagados con fondos municipales
Otro punto es la contratación de dos abogados externos, con honorarios de $2,5 millones mensuales cada uno. Según el CDE, parte de esos servicios habría sido destinada a la defensa personal del alcalde ante el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Electoral Regional.
La imputación cuestiona el eventual uso de dinero municipal para financiar asuntos particulares de la autoridad comunal.
Los involucrados
Además del alcalde, los querellados son su cónyuge y funcionaria municipal, Rosa Elena Encina Castillo; el administrador municipal, Aníbal Elías Urtubia Rodríguez; el director de Administración y Finanzas, Octavio Enrique Fuentes Valdés; el productor José Luis Muñoz Serre; Maribel de las Mercedes Correa Correa, representante legal de Producciones Maribel SpA; y los contratistas Pablo César Moraga Alcaíno y Francisco Javier Solís Muñoz.
En el caso de la esposa del alcalde, el CDE le atribuye una eventual falsificación de instrumento público por firmar 14 certificados de recepción conforme como directora de Desarrollo Comunitario, sin tener formalmente asignado ese cargo.
La investigación está a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Linares, bajo la dirección de la fiscal Carola D’Agostini.
Los hechos descritos corresponden a imputaciones de la querella. Las responsabilidades penales deberán ser determinadas por los tribunales.
