El Ministerio Público anunció que solicitará prisión preventiva para los detenidos, entre quienes figuran siete funcionarios públicos y tres particulares vinculados al ámbito empresarial. La investigación también identifica al menos $316 millones asociados a presuntos sobornos y delitos relacionados.
Este lunes 5 de octubre comenzará en el Juzgado de Garantía de San Javier la audiencia de formalización de 10 imputados en el denominado Caso Facturas, investigación que apunta a una presunta asociación criminal dedicada a defraudar al Estado mediante operaciones que involucrarían a funcionarios públicos y particulares.
El perjuicio investigado se estima en $2.972 millones, una cifra cercana a los $3.000 millones. Los antecedentes conocidos vinculan a personas que cumplían funciones en el Gobierno Regional del Maule y en las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier, junto con la Empresa constructora Pereira Ltda.
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones en el punto de prensa, entre los detenidos se encuentran tres particulares vinculados al ámbito empresarial y siete funcionarios públicos.
El Ministerio Público anunció que solicitará prisión preventiva para los imputados, atendida la gravedad de los hechos investigados. La decisión sobre esa medida cautelar corresponde al tribunal y no debe confundirse con el inicio de la formalización.
La Fiscalía también informó que se pesquisaron al menos $316 millones por concepto de presuntos sobornos y delitos relacionados. Esta cifra fue mencionada como una arista de la investigación, sin precisar en las declaraciones si está incluida en el monto global del fraude.
Entre los ilícitos investigados figuran fraude al fisco, cohecho, soborno, estafas a empresas de factoring, falsificación mercantil, delitos tributarios y lavado de activos. Las responsabilidades individuales deberán establecerse durante el proceso penal.
Una investigación iniciada en octubre de 2024
Según explicó la PDI, la indagatoria comenzó en octubre de 2024, a partir del análisis de denuncias y antecedentes reunidos junto con la Fiscalía de San Javier. Ese hito corresponde al inicio de la investigación y no necesariamente al comienzo de los hechos indagados.
Las diligencias fueron desarrolladas por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Linares, en coordinación con el Ministerio Público. En el operativo participaron alrededor de 70 detectives, quienes concretaron la detención de las 10 personas presentadas ante el tribunal.
La Fiscalía señaló que esta etapa no agota la investigación, que mantiene diversas aristas y continuará con el apoyo de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional y la coordinación con instituciones como el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos.
Facturas cuestionadas y efectos en las comunas
El caso se relaciona con facturas por prestaciones que presuntamente no se habrían ejecutado y que posteriormente fueron cedidas a empresas de factoring para su cobro. Los antecedentes publicados también describen obligaciones judiciales de pago para municipios, con consecuencias sobre sus presupuestos.
Información en desarrollo: al cierre de esta nota, se encontraba pendiente conocer la resolución del tribunal sobre las medidas cautelares.
