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lunes, octubre 5, 2026
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Caso Facturas: GORE Maule emite declaración tras formalización de funcionario y exfuncionario

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El Gobierno Regional sostuvo que los hechos investigados se originaron en 2024, antes de la actual administración. Informó que inició un sumario, presentó una denuncia y posteriormente interpuso una querella contra la empresa constructora, su representante legal y quienes resulten responsables.

En el contexto de la formalización por el denominado Caso Facturas, el Gobierno Regional del Maule emitió una declaración pública para explicar las acciones adoptadas frente a la investigación que desarrolla el Ministerio Público junto con la Policía de Investigaciones.

Según el comunicado, los involucrados corresponden a un funcionario y un exfuncionario de carrera de la institución. El organismo sostuvo que los antecedentes investigados se remontan a 2024, con anterioridad al inicio de la actual administración regional.

La causa se enmarca en las indagatorias por facturas ideológicamente falsas, asociadas a trabajos que presuntamente no se ejecutaron y cuyos documentos fueron cedidos a empresas de factoring. Los antecedentes conocidos también involucran a funcionarios de las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier.

Sumario, suspensión y acciones judiciales

El Gobierno Regional informó que instruyó un sumario administrativo por los mismos hechos. De acuerdo con su declaración, uno de los funcionarios se encuentra suspendido de sus funciones, mientras que el otro presentó su renuncia.

En el ámbito penal, la institución señaló que presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 7 de abril de 2025. Posteriormente, el 17 de abril de 2026, interpuso una querella criminal contra la empresa constructora, su representante legal y todos quienes resulten responsables.

El organismo agregó que solicitó medidas judiciales destinadas a resguardar y procurar la recuperación de los recursos involucrados. Asimismo, aseguró haber entregado los antecedentes requeridos por la Fiscalía, la PDI y los demás organismos competentes.

La declaración enfatiza que la actual administración adoptó acciones administrativas y judiciales desde que tomó conocimiento de los antecedentes, y manifiesta su disposición a continuar colaborando con las diligencias.

El comunicado no detalla los delitos atribuidos individualmente, las medidas cautelares ni el resultado de la audiencia de formalización.

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