Paulina Álvarez Rodríguez, trabajadora social, pide a Contraloría exigir al alcalde Mario Meza respuestas sobre las investigaciones administrativas del Caso Cloro y del Caso Facturas. Acusa falta de resultados y solicita acelerar los procedimientos.
¿En qué están los sumarios administrativos del Caso Cloro y qué responsabilidades se han establecido dentro de la Municipalidad de Linares? Esa es la pregunta central de un requerimiento suscrito por la trabajadora social Paulina Álvarez Rodríguez, dirigido a la Contraloría Regional del Maule, entregado y recepcionado este 12 de octubre.
El escrito solicita que el organismo fiscalizador exija al alcalde Mario Meza Vásquez informar el estado de las investigaciones, sus resultados y las razones de una eventual paralización. También pide medidas para impedir que los procedimientos continúen extendiéndose sin una resolución.
Cuestionan falta de resultados
La solicitante sostiene que los antecedentes del Caso Cloro, relacionado con adquisiciones de cloro, vacunas y cajas de alimentos, surgieron de fiscalizaciones de la propia Contraloría y dieron lugar a la instrucción de procesos disciplinarios.
Sin embargo, denuncia que no existirían resultados definitivos ni sanciones administrativas aplicadas, pese al avance de la causa penal y a la formalización del alcalde, funcionarios municipales y particulares que menciona el documento.
El cuestionamiento apunta directamente a la respuesta institucional del municipio: qué se investigó, cuánto se ha avanzado y por qué los procedimientos no habrían concluido.
Álvarez solicita que Contraloría requiera al alcalde una cuenta formal sobre “el estado exacto y los resultados” de los sumarios del Caso Cloro, además de explicaciones sobre las demoras que denuncia.
Caso Facturas: cobros por cerca de $1.200 millones
El requerimiento también pone bajo cuestionamiento las investigaciones internas del Caso Facturas, vinculado en el escrito al denominado “Castillo de Naipes”.
Según la presentación, existen 11 causas civiles en las que empresas de factoring demandan a la Municipalidad de Linares por cobros cercanos a $1.200 millones.
El documento recoge declaraciones atribuidas a Meza, quien habría señalado que las obras o prestaciones involucradas nunca fueron solicitadas ni ejecutadas y que el municipio interpuso una querella criminal.
La petición exige esclarecer qué ocurrió dentro de la administración municipal con esa documentación y qué acciones disciplinarias se adoptaron. Para ello, solicita informar los plazos, el avance de los sumarios y las eventuales sanciones que correspondan.
La exigencia es concreta: que el municipio dé cuenta de sus investigaciones internas y que las posibles responsabilidades administrativas no queden sin esclarecer. El avance de las causas penales refuerza el interés público por conocer cómo ha respondido la administración municipal frente a estos antecedentes.
Las acusaciones de demora y falta de resultados corresponden a la solicitante. La copia revisada no acredita su fecha de ingreso ni contiene una respuesta del municipio o una resolución de Contraloría.
