El fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, habría señalado que algunas personas estarían identificadas como posibles receptoras de parte de los fondos investigados. Las diligencias buscan esclarecer el destino de aproximadamente $160 millones que habrían sido transferidos desde Chile.
Antecedentes principales
La investigación del caso “Castillo de Naipes” contempla una arista internacional relacionada con el eventual envío de recursos desde Chile hacia Colombia.
De acuerdo con la información disponible, el fiscal Patricio Caroca habría afirmado que estarían identificadas algunas personas que presuntamente habrían recibido parte de esos fondos en Colombia.
“Tenemos identificadas a las personas que han estado recibiendo este dinero”, habría señalado el persecutor durante sus alegatos del 12 de octubre ante la Corte de Apelaciones de Talca, según la publicación citada.
Fondos bajo investigación
La arista internacional considera cerca de $160 millones que, conforme a los antecedentes expuestos por la Fiscalía, presuntamente habrían sido enviados mediante operaciones sucesivas de aproximadamente un millón de pesos.
Las diligencias buscan determinar si en esos movimientos habrían intervenido distintas personas y cuál habría sido la finalidad de las operaciones.
También se intenta establecer qué habría ocurrido con los recursos después de su eventual salida de Chile. Entre las hipótesis investigativas se encontraría determinar si los fondos permanecen en cuentas bancarias o si habrían sido utilizados para adquirir propiedades o vehículos.
Para avanzar en estas materias, se habría considerado solicitar cooperación entre las fiscalías de Chile y Colombia.
Contexto de la investigación
El caso examina una presunta trama relacionada con el uso de facturas falsas y organismos públicos del Maule.
Según cifras atribuidas al fiscal regional Rodrigo Peña, la defraudación investigada bordearía los $3.000 millones. Otros $316 millones estarían presuntamente vinculados con sobornos y delitos relacionados.
Estas cifras corresponden a estimaciones comunicadas en el marco de la investigación y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad.
La eventual identificación de personas receptoras podría contribuir a reconstruir la ruta internacional de los fondos. Sin embargo, ese antecedente no permite establecer por sí solo la comisión de un delito ni la responsabilidad penal de quienes pudieran estar involucrados.
Corresponde a la investigación determinar la participación de cada persona, el origen y destino de los recursos y la existencia de eventuales responsabilidades, conforme a las garantías del debido proceso.
