El Ministerio de Justicia anunció cambios legales para restringir estos beneficios, pero la decisión no revierte las reducciones de penas que ya fueron ejecutadas.
El Gobierno anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena, en medio de los cuestionamientos por beneficios otorgados a 56 personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra menores de edad.
La medida fue comunicada el viernes 23 de octubre por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien informó que el Ejecutivo impulsará modificaciones legales con discusión inmediata en el Congreso.
El caso se conoció tras una investigación de Interferencia, que reveló reducciones de penas para 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación de menores. Los antecedentes corresponden al período comprendido entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de este año.
Rabat defendió inicialmente las decisiones argumentando que respondían a criterios de la Corte Suprema sobre la aplicación de una reforma de 2022, que excluyó de estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores. Posteriormente, Justicia sostuvo que existe un vacío legal respecto de las restricciones aplicables a casos anteriores a esa modificación.
La explicación fue cuestionada desde la oposición y sectores del oficialismo. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, precisó que los decretos fueron dictados por el ministro de Justicia en ejercicio de sus facultades legales y que los tribunales intervienen cuando se presentan recursos.
El anuncio tampoco implica dejar sin efecto los beneficios ya ejecutados. El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo que aquellos decretos que completaron su tramitación mantienen sus efectos, mientras se busca paralizar los procedimientos pendientes que puedan suspenderse.
Entre los cambios anunciados figuran nuevas reglas para acceder a las reducciones de condena, mayores restricciones y garantías para que las víctimas sean escuchadas. El Ejecutivo también promoverá la creación de Tribunales de Ejecución de Penas, para que jueces resuelvan solicitudes de beneficios penitenciarios.
