Solo en 2017 Enel Chile reportó $349 mil millones en utilidades, una cifra superior a la ganancia anual de las seis AFP que operan en Chile. La siguió la Compañía General de Electricidad (CGE), de capitales españoles y que distribuye energía a 13 regiones del país, con $179 mil millones. Saesa (que opera en regiones del sur) y Chilquinta (de la zona centro sur) ganaron $35 mil millones cada una.
El miércoles 17 de abril, se informó que el cambio de los medidores inteligentes ya no será obligatorio para los usuarios. Así lo señaló la Ministra de Energía, Susana Jiménez y el Ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, quienes dieron a conocer dos medidas: el reemplazo de los aparatos será voluntario, para lo que se hará un cambio normativo; además, se va a tramitar una norma respecto de las ganancias de las empresas eléctricas.
En cuanto a los medidores, la autoridad señaló que “se hará a través de la modificación de la norma técnica de calidad de servicio, en la cual se va a establecer esta voluntariedad de los hogares para el recambio”.
Cabe señalar que, actualmente, las compañías distribuidoras tienen una tasa de rentabilidad de 10%, la que Blumel detalló que se rebajará “a una tasa más competitiva entre 6 y 7%, y eso va pasa directamente a tarifa”.
El debate por quién debe financiar el cambio de medidores eléctricos terminó por destapar el nudo que las empresas del sector se niegan a desatar: las altas utilidades que se les asegura por ley. CIPER buscó quiénes impulsaron el cambio en el gobierno de Bachelet y por qué fue aprobado por unanimidad en el Congreso. El ex ministro de Energía, Máximo Pacheco, dijo a CIPER que el Estado no puede garantizar negocios redondos para las empresas, y que se deben revisar ahora normas impuestas hace 30 años que las favorecen de forma desmedida. Expertos concuerdan: bajar la rentabilidad asegurada de un 10% antes de impuestos a un 6,5% generaría una notoria baja de las cuentas de electricidad.
El 1 de marzo CIPER publicó una investigación que reveló que desde septiembre pasado miles de chilenos estaban pagando –sin saberlo- los nuevos medidores inteligentes que las empresas eléctricas decidieron instalar. La ira ciudadana creció cuando se supo que ese pago se selló con una ley en enero de 2018 y que ningún parlamentario advirtió el perjuicio que ella causaba a los usuarios. Ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
En las 48 horas posteriores al reportaje de CIPER, el representante de las empresas eléctricas, Rodrigo Castillo, recorrió canales de TV y radios afirmando que la información de CIPER no era veraz: no serían los usuarios los que pagarían la nueva joya que medirá nuestro consumo de energía, sino las empresas. La cuerda le duró hasta que el Presidente Sebastián Piñera zanjó la controversia: “Los usuarios pagan todo”.
A partir de ese momento el debate no ha cesado, Al punto que llevó de vuelta al Congreso la discusión, ya que es allí donde se debe revisar la polémica norma. Pero ahora el debate se ha centrado no solo en los medidores, sino en el nudo de la Ley General de Servicios Eléctricos, la que les garantiza a las empresas eléctricas un monopolio y ganancias desmedidas.
Las ganancias de las eléctricas son multimillonarias.
Solo en 2017 Enel Chile reportó $349 mil millones en utilidades, una cifra superior a la ganancia anual de las seis AFP que operan en Chile. La siguió la Compañía General de Electricidad (CGE), de capitales españoles y que distribuye energía a 13 regiones del país, con $179 mil millones. Saesa (que opera en regiones del sur) y Chilquinta (de la zona centro sur) ganaron $35 mil millones cada una. En total, las empresas eléctricas que participan del negocio de la distribución obtuvieron utilidades por casi $600 mil millones en 2017.
