En un reportaje de Radio Bio Bio, se indica que la abogada asistente de la Fiscalía Local de Linares, cobraba a los imputados para simplemente poner fin a las causas en las que estaban involucrados.
Entre 300 mil y 500 mil pesos, era el valor que cobraba la funcionaria identificada como Claudia del Pino Acuña, según consta en la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra -actualmente con arresto domiciliario total- a quien se le sindica como la autora de los delitos de obstrucción a la investigación, cohecho, violación de secreto reiterado y fraude de seguros.
De acuerdo al documento –al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– la mujer titulada en 2005 en la Universidad de Talca se desempeñaba como asistente de fiscal en la Fiscalía Local de Linares. Dentro de sus funciones tenía a su cargo la coordinación de causas de mediana complejidad, de acuerdo con la organización interna de la institución.
En el desempeño de su función, la servidora pública “ejecutó diversas acciones destinadas a obstaculizar el esclarecimiento de los hechos investigados en varias causas”. Todo ello, a cambio de dinero. Según el propio Ministerio Público, la funcionaria contó con el apoyo de su cónyuge, Ricardo Vega Guerrero, actualmente en prisión preventiva. Este último, explica la acusación, era el encargado de solicitar los beneficios económicos a cambio de dar de baja las causas.
El primero de los casos por el que se le acusa a la abogada es por el de Diego Vásquez Riquelme. La fiscalía lo perseguía por el delito de manejo de vehículo en estado de ebriedad. Así, la pareja de del Pino le solicitó al imputado el pago de 400 mil pesos, a cambio de que la mujer terminara la causa.
Vásquez Riquelme aceptó y la asistente de la fiscalía sencillamente recalificó los hechos por un delito diverso que no guardaba relación alguna con la investigación. Una vez consumado el cambio, procedió al archivo provisional, poniendo terminó a la causa. Lo propio ocurrió en sendas indagatorias por el mismo delito contra Samuel Alarcón Urrutia, Enrique Torres Valenzuela, Rodrigo Guerra Morales, Elías Apablaza Vásquez, Ralph Veloz Rodríguez y Eduardo Antonio Lobos Tapia.
A todos ellos, le cobraron entre 300 y 500 mil pesos. El destino en prácticamente todos fue el mismo: recalificar el delito a uno de menor importancia, entre ellos hurtos, para archivar la causa.
Para sustentar su acusación, el Ministerio Público alista la declaración de 41 testigos. Entre ellos figuran al menos cinco de sus “clientes”, además de la fiscal jefa de Linares, Carola D’Agostini, funcionarios policiales y del ente persecutor, entre otros. A esto, suman evidencias materiales, documentos y otros medios de prueba, entre los que figuran celulares, cuadernos y computadores requisados a los involucrados.
Con todo, el Ministerio Público pidió para la abogada 800 días de presidio menor en su grado medio más una multa de 12 UTM (casi 700 mil pesos) por el delito de obstrucción a la investigación. Ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, por violación de secreto reiterado. Y 10 años de reclusión mayor en su grado mínimo por cohecho para ella y su marido. Se espera que en los próximos días se fije la preparación de juicio oral en contra de ambos imputados.
