Los antecedentes fueron presentados al organismo por 4 concejales y en ellos se entregan argumentos con los que acusan a la primera autoridad comunal de haber cometido notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa y destacan, entre ellos, los viajes al extranjero realizados entre los años 2015 y 2016 que tuvieron un costo de 40 millones de pesos. Además, detallan el no cumplimiento de resoluciones sanitarias emanadas desde la Seremi de Salud, al no reincorporar a funcionarios municipales, aun cuando el marco legal se lo exige, y mantener a su esposa como directora de DIDECO.
El Tribunal Electoral Regional (TER) declaró admisible la presentación hecha al organismo en contra del alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz Oses, por notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa.
La solicitud fue presentada por los concejales; Renato Hernández Bravo, Ítalo Sepúlveda Oses, Ángel Carter Ramos y Jorge Antonio Dedes Franco, y en ella se especifican diversos argumentos para sostener la acusación.
En efecto el documento presentado ante el TER señala que en junio del año pasado la Contraloría General de la República «dio a conocer el resultado del Juicio de Cuentas Nro. 78338, substanciado por la Jueza doña Dorothy Pérez Gutiérrez, el que fue realizado a la Municipalidad de Colbún a raíz de viajes al extranjero efectuados entre los años 2015 a 2016, a los países de Francia, México, Colombia y Brasil, en donde viajes de placer fueron disfrazados de viajes para capacitarse con fondos públicos, con un gasto de más de $40.000.000”. Caso en el que se establece que uno de los responsables es la primera autoridad comunal.
El documento agrega, además, que “con fecha 11 de septiembre de 2020, la Municipalidad Colbún en mérito de la Resolución Nro. 20071339, de esa fecha, fue sancionada por la autoridad sanitaria de la época, la Seremi de Salud doña Marlenne Ingrid Durán, aplicando una multa de 5 UTM (ascendente a esa fecha a la suma de $251.610). Cabe señalar que en el acto administrativo sancionatorio se da cuenta que la Municipalidad afecta la integridad de sus trabajadores, al no gestionar el riesgo de exposición a factores de riesgos psicosociales, no adoptando las medidas que le prescribe el Organismo Administrador de la Ley Nro. 16.744, Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”.
“Enseguida, la autoridad sanitaria, Seremi de Salud del Maule, esta vez representada por la actual Secretaria Ministerial, doña María Gloria Verónica Icaza Noguera, con fecha 01 de abril de 2022, mediante la Resolución Nro. 22077264, dicta una nueva sanción a la Municipalidad, consistente en una multa de 10 UTM, ascendente a la suma de $557.040, a esa fecha, ello ante el incumplimiento del aforo permitido en reunión social de fecha 01 de julio de 2021, infracción a las medidas sanitarias producto del brote de Covid-19, lo que conlleva la afectación a la salud de las personas. En el mismo acto administrativo se advierte que en caso de reincidencia podrá aplicarse hasta el doble de la multa”, agrega el documento.
“Luego, y pese a las sanciones anteriores, el alcalde y el municipio a su cargo vuelven a ser sancionados, esta vez mediante la Resolución Nro. 220717816, de fecha 22 de julio de 2022, de la SEREMI de Salud antes mencionada, aplicándose una multa de 10 UTM, ascendente a la suma de $582.480”, afirma la presentación.
Otro de los puntos que se destacan en el documento es el “haber faltado gravemente a la probidad administrativa al mantener en calidad de Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) a su cónyuge, doña Rosa Encina Castillo”,
“De acuerdo con Certificado de Matrimonio expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, don Pedro Pablo Muñoz Oses se encuentra casado con doña Rosa Encina Castillo, desde el 15 de abril de 1994, matrimonio que fue inscrito bajo en número 41, correspondiente al año 1994, de la Circunscripción de Colbún. Consta, asimismo que la Sra. Encina fue designada Directora de Desarrollo Comunitario mediante el Decreto Alcaldicio Exento Nro. 1431, de fecha 23 de junio de 2021, acto administrativo dictado por el entonces alcalde de la comuna, don Hernán Sepúlveda Villalobos”, especifica la acusación.
En otro de los argumentos el documento señala que “con fecha 23 de mayo de 2022, comprometiéndose a donar suma de dinero ascendente a la diferencia remuneracional que se produciría con la aprobación de la nueva planta municipal, violando con ello la ley y lo instruido por Contraloría”.
“El señor alcalde de Colbún, en múltiples casos, y en una actitud que se ha transformado en una pésima costumbre de su parte, incumple sin más las instrucciones de Contraloría”, señala la acusación, que se refiere a diversos actos en los que personal fue despedido sin justificación, por lo que Contraloría ordenó que fueran reincorporados a sus puestos de trabajo, situación que no se han cumplido hasta el día de hoy.
Por otra parte, la acusación detalla que “en noviembre del año 2014, cuando tres niñas sordomudas de 8, 9 y 13 años de edad fueron vulneradas física y psicológicamente en reiteradas ocasiones durante los viajes realizados a la escuela especial «Centro de Trastorno de la Comunicación”, ubicada en la ciudad de Talca, en donde su agresor el cual tenía la responsabilidad de trasladarlas en el vehículo municipal desde sus domicilios hasta la escuela donde estudiaban. Luego por las tardes las recogía para llevarlas de regreso a sus respectivas casas, sin embargo, en el trayecto desviaba su curso para internarse en caminos rurales, donde las obligaba a desnudarse y las fotografiaba para luego consumar sus abusos”.
“El delito reiterado de violación impropia de tres niñas fue cometido por un funcionario ….quien fue contratado por el actual alcalde de la comuna de Colbún, don Pedro Pablo Muñoz Oses, durante su antiguo periodo edilicio comprendido entre el año 2008 al 2016”, establece la presentación.
“Esta persona ejercía sus labores directamente bajo el mandato del sr. Muñoz Oses, dado que el ex funcionario era una persona de su absoluta confianza tanto en el ámbito laboral como personal. Dicho ex funcionario municipal fue formalizado, acusado y condenado a presidio perpetuo luego de un angustioso juicio para las familias afectadas, incluso el sr. Muñoz Oses, tuvo que prestar declaración durante proceso penal en calidad de testigo, en donde más allá de solidarizar demostrando su apoyo hacia las víctimas, intentó favorecer con su relato al conductor imputado”, agrega el argumento de los concejales.
“Actualmente existe una acción civil indemnizatoria ejercida en contra de la Ilustre Municipalidad de Colbún que el Edil no ha pagado a la fecha, existiendo pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Talca, la cual condenó al municipio a pagar como indemnización la suma de $150.000.000 en beneficio de las niñas afectadas, como reparación”, finaliza la presentación ahora admitida por el TER.
Es importante consignar que nuestro medio se contactó con la unidad de comunicaciones del municipio, con la idea de conocer las impresiones del alcalde sobre este tema, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta.
