La plazoleta se encuentra emplazada en la población Nacimiento y el terreno pertenece a Bienes Nacionales, pero fue cedido a la Escuela de Artillería de Linares. Quienes respaldan el cambio de nombre recalcan que el dictador cometió violaciones a los Derechos Humanos y se apropió de recursos del Estado.
A través de distintas plataformas de redes sociales, se ha retomado la campaña que tiene como objetivo reunir firmas de respaldo para cambiar el nombre de la plazoleta ubicada en el pasaje dos de la población Nacimiento de la comuna de Linares, que lleva por nombre “Augusto Pinochet”.
Entre los argumentos que se pueden leer destacan que no deben existir en el país símbolos que pongan de relieve la figura del dictador, acusado de cometer violaciones a los Derechos Humanos.
“Esto constituye no solo una dolorosa afrenta a los familiares de miles de víctimas de las brutales violaciones a los Derechos Humanos cometidas en nuestro país durante 17 años de régimen dictatorial, sino que también representan una apología al terrorismo de Estado», señala, por ejemplo, Paulina Álvarez.
Consultado al respecto, el secretario regional (Maule Sur) del Partido Comunista (PC), Lenin Fuentes, recalcó que la plazoleta se encuentra ubicada “en un terreno de Bienes Nacionales asignado a la Escuela de Artillería de Linares, es decir, son los directivos de la escuela los responsables legales, ya que se encuentra emplazada en un terreno entregado para el uso de fines propios del ejército”.
El dirigente agrega que se trata de “una aberración, puesto que Pinochet es reconocido internacionalmente como un militar traidor, cobarde (culpa a sus subordinados para exculparse el mismo), responsable de miles de violaciones a los D.D.H.H.,y finalmente ladrón. Está probado legalmente que se apropió de recursos del Estado para su beneficio y el de su familia”.
Es importante recordar que el oficialismo presentó en el mes de mayo de este año un proyecto de Ley que busca sancionar con prisión, con penas de hasta 61 días, el negacionismo de violaciones, y que establece castigar a quienes aprueben, justifiquen o niegue los crímenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet.
Para ello, se propone un castigo con la pena de prisión en su grado medio a máximo, es decir, de 41 hasta 60 días, y una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales, lo que equivale 1 millón 200 mil pesos y 2 millones 500 mil pesos, respectivamente, pero además se pide agravar la pena en el caso de que el infractor sea un funcionario público en ejercicio.
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