Por Salvador Concha Aguilera, abogado y militante de base del Frente Amplio.
Este domingo 18 de octubre se cumplen siete años del estallido social. Las movilizaciones que recorrieron Chile, también en Linares, expresaron un malestar profundo con las desigualdades y con una forma de hacer política distante de la vida cotidiana. Hoy, desde esta ciudad del Maule sur, corresponde preguntarnos cuánto de aquella demanda de dignidad se ha traducido en cambios y cuánto sigue pendiente.
Las reflexiones del historiador Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, permiten mirar una contradicción que sigue vigente: la distancia entre tener derechos reconocidos y contar con poder efectivo para incidir en las decisiones. Votamos, elegimos autoridades y renovamos representantes, pero entre una elección y otra la participación ciudadana suele quedar relegada.
Esa distancia debiera preocuparnos, porque los derechos democráticos fueron conquistas difíciles. En 1949 se reconoció el sufragio femenino para las elecciones presidenciales y parlamentarias, tras décadas de organización. En 1970, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, una reforma constitucional extendió el derecho a voto a las personas analfabetas y rebajó la edad para sufragar de 21 a 18 años.
El golpe de Estado de 1973 interrumpió la democracia. Los registros electorales se reabrieron en 1987 y el plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue decisivo para abrir el camino hacia su recuperación. Recordar esa historia obliga a valorar el voto y, al mismo tiempo, a exigir una democracia que permita participar más allá de las urnas.
Los rechazos a las propuestas constitucionales de 2022 y 2023 dejaron una frustración que, a mi juicio, todavía pesa en la discusión pública. Las demandas que impulsaron aquel debate siguen interpelando a la política: llegar a fin de mes, acceder oportunamente a la salud, encontrar empleo y compatibilizar el trabajo con los cuidados.
Desde mi perspectiva, la respuesta de quienes gobiernan continúa siendo insuficiente frente a esas urgencias. La distancia se profundiza cuando las autoridades parecen más preocupadas de sus disputas y de su imagen que de escuchar a quienes esperan soluciones.
En Linares, esa discusión tiene un rostro concreto. Nuestra vinculación con la actividad agrícola y el trabajo de temporada nos obliga a pensar cómo generar oportunidades estables. Necesitamos una ciudad donde los jóvenes puedan proyectar su futuro y donde las mujeres encuentren condiciones para desarrollarse sin cargar solas con las responsabilidades de cuidado.
Sin embargo, percibo una conversación pública demasiado concentrada en el municipio, en las cercanías políticas y en las controversias personales. La exposición de las autoridades termina ocupando un espacio que debiera destinarse a discutir el desarrollo de Linares, sus prioridades y el uso de los recursos públicos.
Nos falta una visión compartida de ciudad. Y nos falta fortalecer la capacidad de los vecinos para exigir explicaciones, fiscalizar compromisos e influir en las decisiones que afectan a sus barrios.
En esta crítica también me incluyo. Soy militante de un partido de izquierda y formo parte de la oposición local. Desde ese lugar, considero que hemos sido insuficientes para expresar públicamente cuestionamientos que muchas veces quedan en conversaciones privadas.
Una oposición tiene la responsabilidad de fiscalizar con antecedentes, formular propuestas y sostener sus posiciones aunque resulten incómodas. Cuando evitamos ese trabajo por cálculo político o por temor al conflicto, debilitamos nuestra credibilidad y dejamos sin representación a quienes esperan una alternativa.
La autocrítica exige asumir que la confianza también se pierde por nuestras omisiones, por la distancia con los barrios y por la dificultad para convertir el malestar en un proyecto colectivo.
Por eso escribo. Porque creo que es posible construir una política ciudadana, con arraigo local, que escuche y rinda cuentas. Una política capaz de devolver a los linarenses la certeza de que su voz tiene consecuencias.
La unidad entre partidos puede contribuir, pero necesita un propósito que la ciudadanía reconozca en su vida cotidiana. Hace falta organización social, presencia territorial y disposición para trabajar con quienes no comparten nuestra militancia, pero sí la preocupación por el futuro de Linares.
La confianza se reconstruye escuchando, cumpliendo compromisos y estando presentes fuera de campaña. También requiere nuevos liderazgos, de hombres y mujeres capaces de trabajar en colectivo, compartir responsabilidades y poner las necesidades de la comunidad por delante de sus aspiraciones personales.
A siete años del 18 de octubre, la pregunta sigue abierta: ¿qué capacidad tenemos los ciudadanos para influir en el rumbo de nuestra comuna?
Linares necesita que esa respuesta se construya en sus barrios y organizaciones, con participación sostenida y autoridades dispuestas a escuchar. Ejercer nuestros derechos también significa organizarnos para que las decisiones públicas respondan a la comunidad.
