Con una desocupación provincial de 11%, el presupuesto familiar enfrenta la presión de los alimentos. Mientras comerciantes buscan ofrecer alternativas más económicas, las respuestas públicas deben considerar las dificultades cotidianas de los hogares.
LINARES.– Llevar alimentos a la mesa exige ajustar las compras, comparar precios y postergar otros gastos en los hogares con ingresos limitados. En la provincia de Linares, donde la desocupación alcanzó un 11% durante el trimestre junio-agosto de 2026, enfrentar estos desembolsos resulta especialmente complejo para quienes buscan trabajo.
La papa, un producto habitual de la alimentación, refleja las diferencias que pueden encontrar los consumidores. Según Odepa, durante la semana del 13 al 16 de octubre, el kilo de papa Asterix de primera promedió $1.200 en el canal tradicional y $2.022 en supermercados del Maule. Son valores regionales para esa variedad y calidad, que pueden variar entre establecimientos. (odepa.gob.cl)
El organismo explicó que la menor disponibilidad de papa de guarda y los retrasos de cosecha asociados a condiciones climáticas en Coquimbo y el Maule redujeron la oferta durante septiembre, contribuyendo al aumento de precios. (odepa.gob.cl)
En este escenario, algunos comerciantes buscan mantener opciones al alcance de sus clientes. Vender papas con tierra, sin lavar, permite ofrecer una presentación más sencilla que puede tener un menor precio, dependiendo de los costos de abastecimiento.
También aparecen betarragas con hojas marchitas, pero con la raíz en buenas condiciones, cuyo menor atractivo visual abre espacio para una rebaja. La venta a granel y la oferta de hortalizas de distintos tamaños son otras alternativas para facilitar las compras y disminuir pérdidas.
Estas prácticas muestran el esfuerzo por adaptar la oferta a la capacidad de pago de los consumidores. También plantean una pregunta a quienes toman decisiones políticas: ¿cuánto pesa la realidad del ciudadano común al definir las prioridades públicas?
Una política con mirada social debe considerar cuánto dinero queda en un hogar después de pagar arriendo, electricidad, agua y transporte. Evaluar las medidas únicamente mediante cifras generales deja fuera las dificultades de quienes necesitan resolver la alimentación de cada día con ingresos insuficientes o inestables.
Atribuir los problemas al gobierno anterior puede formar parte del debate político, pero no reemplaza las respuestas que necesita una familia sin empleo. La discusión sobre responsabilidades pierde utilidad cuando no se traduce en medidas concretas, plazos y resultados que puedan comprobarse.
La distancia entre las decisiones públicas y la vida cotidiana se vuelve más evidente cuando se pide a las personas seguir ajustando sus gastos sin ofrecerles oportunidades suficientes para mejorar sus ingresos. El esfuerzo de los hogares y de los pequeños comerciantes no puede convertirse en la respuesta permanente al deterioro de la capacidad de compra.
En una provincia con elevada desocupación, la mirada social exige situar el empleo y el acceso a la alimentación entre las prioridades. El alcance de las decisiones políticas también debe medirse en algo concreto: si permiten que una familia llegue a fin de mes y pueda alimentarse adecuadamente.
