Mediante un informe, el ente fiscalizador indicó que las adquisiciones no fueron debidamente justificadas y los montos pagados superaron el valor de mercado, con un sobreprecio de hasta un 76%.
La Contraloría General de la República ratificó el sobreprecio pagado por la Municipalidad de Linares en la compra de bidones de cloro y kits de test rápido de covid-19. Esta investigación fue realizada tras las denuncias presentadas por los diputados Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Pablo Vidal, Natalia Castillo Muñoz, además del concejal de Linares, Jesús Rojas, y dos personas que solicitaron mantener en reserva sus identidad.
El documento detalla que el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Linares adquirió 6 mil bidones de cloro de 5 litros cada uno por el monto de 32 millones de pesos, a un precio unitario por litro de $1.071. Según el informe, la entidad edilicia había pagando un mayor monto de hasta 24 millones de pesos por la compra de los 30.000 litros de cloro, según lo cotizado por el ente gubernamental.
Asimismo, se indica que al momento de la compra, DAEM no tenía determinada la cantidad de producto a adquirir, los establecimientos que serían desinfectados, la periodicidad con la que esta acción se llevaría a cabo, el tiempo en que se desarrollaría esta medida, una estimación de la cantidad de producto a utilizar para cada uno de recintos, y su forma de uso, entre otros aspectos. Junto a esto, se verificó que las órdenes de compra del cloro fueron emitidas en una fecha posterior a la emisión de las facturas respectivas y a la recepción física en bodega de los 6.000 bidones.
Por otro lado, el Departamento de Salud Municipal (DESAM) compró 3 mil test rápido de covid-19 por un monto de 64 millones de pesos, pagando $21.420 por cada artículo, lográndose verificar que se habría desembolsado un mayor valor de hasta 49 millones de pesos por la compra de los productos.
Para ambos productos, se reflejó un sobreprecio de hasta un 76%, según los precios de mercado cotizados y comparados por Contraloría Regional. Asimismo, el informe revela que ambas adquisiciones no fueron acordadas con el Concejo Municipal, lo cual se contrapone a lo indicado en le Ley Orgánica de Municipalidades, lo cual indica que el edil requerirá el acuerdo del concejo para la celebración de contratos y convenios que involucren montos iguales o superiores a 500 UTM, como ocurrió en estos casos.
A raíz de esto, se espera que mediante diversas diligencias, se determinen las responsabilidades administrativas de quienes, con su actuar u omisión, permitieron el desarrollo de los hechos.
