Una fuerte denuncia ha sacudido el desarrollo del proyecto de mejoramiento del eje vial Januario Espinoza, Carmen y Maipú. El concejal Marcelo Campos Vergara expuso públicamente retrasos significativos en la ejecución de las obras y responsabilizó directamente al Serviu regional por una supuesta falta de gestión administrativa que, según afirma, ha paralizado avances claves en el proyecto y generado despidos en la empresa ejecutora.
Campos dio a conocer la situación el pasado 21 de agosto a través del programa “Vive Linares”, espacio que conduce junto a Carla Alegría, y posteriormente la reiteró en Radio Buena Nueva y en el Concejo Municipal. Sus declaraciones generaron tal repercusión que el alcalde Mario Meza anunció la conformación de una mesa de trabajo con el Gobierno Regional y el Serviu. A su vez, la directora regional del Serviu, Paula Oliva, entregó declaraciones buscando moderar la polémica.
Un retraso con responsables
Según el concejal, el origen del problema se remonta a marzo de 2024, cuando el Ministerio de Transportes observó que el diseño del proyecto no incluía la cantidad de semáforos requerida. Sin embargo, el Serviu habría ingresado las modificaciones recién en abril de 2025, un año después de la observación inicial.
“El retraso no es responsabilidad del Ministerio de Transporte, porque en su momento se les dijo lo que faltaba. El Serviu no ingresó las correcciones cuando correspondía. Culpan a la empresa, pero esta no puede avanzar sin los permisos que ellos mismos no han entregado”, afirmó Campos.
El edil señaló que esta falta de gestión ha obligado a la empresa ejecutora a paralizar parte de la obra y desvincular trabajadores, pese a exigencias de cumplimiento por parte de las autoridades. “Si no tienen los documentos, paralizan. Y eso significa despidos”, recalcó.
Identificación de responsables
Campos no solo realizó una denuncia general, sino que apuntó directamente a dos funcionarios del Serviu como responsables de la situación: el inspector técnico de obras (ITO) y la jefa de proyectos urbanos.
“Son los principales responsables de esta negligencia. Desde el Ministerio de Vivienda se enfocan en la meta habitacional presidencial, pero este proyecto —aunque financiado por el Gobierno Regional— no es una prioridad para ellos”, señaló.
Consecuencias económicas para la región
El concejal también advirtió sobre las implicancias presupuestarias que podría acarrear este retraso para el Maule, ya que de no ejecutarse los recursos asignados, estos podrían perderse en el presupuesto nacional del próximo año.
“El Gobierno Regional es el mandante y hereda este problema. Si no se ejecuta el presupuesto, Hacienda lo considera como dinero no necesario y no lo repone. Eso significa menos recursos para toda la región”, explicó.
Críticas al Serviu
Finalmente, Campos cuestionó las declaraciones emitidas por el Serviu, acusando un intento de minimizar un problema que —a su juicio— tiene raíces profundas en la falta de responsabilidad institucional.
“No reconocen que llevan más de un año sin presentar las modificaciones. Eso es lo más grave y lo omiten porque saben que los responsables están de su lado”, sentenció.
Con estas acciones, el concejal Marcelo Campos ha reforzado su rol como fiscalizador activo, instalando en la discusión pública un tema de alto impacto que afecta directamente la conectividad y el desarrollo urbano de Linares, elevando el estándar del debate político local más allá de lo testimonial.
