Una alerta internacional permitió descubrir a un sujeto en la capital maulina que descargaba y almacenaba material sexual con menores de edad. R.A.H.J., de 33 años, fue denunciado luego de que Google detectara archivos ilegales en su cuenta de Drive y los reportara al Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados (NCMEC), con sede en Estados Unidos.
Apenas conocidos los hechos, fiscalía ordena diligencias a la Brigada de Cibercrimen de la PDI, que detuvo al imputado en su lugar de trabajo, una empresa de telecomunicaciones en la comuna de Maule, donde se le incautó el teléfono celular. Posteriormente, se allanó su domicilio en Talca, encontrándose un notebook y un segundo celular que contenían nueve videos con menores en actos sexuales con adultos.
El fiscal José Luis González, quien formalizó cargos en contra del implicado, indica que, “se solicitó la prisión preventiva, aún sabiendo que la pena de este delito específico es baja. A pesar de la irreprochable conducta anterior del imputado, lo consideramos un peligro para la seguridad de la sociedad, porque la naturaleza de los hechos, de que se trata evidentemente de niños pequeños, implica que con esta actividad de descarga se participa en un tráfico de imágenes y promueve la explotación de los niños en Chile o en otros países».
Asimismo, el fiscal señaló que, «No obstante, el tribunal no dio lugar a la prisión preventiva. Decretó otras medidas cautelares -arraigo nacional y firma semanal ante Carabineros- por considerar la pena del delito, más la irreprochable conducta anterior del imputado y la propia colaboración, ya que él mismo entregó los aparatos a la PDI. La fiscalía, aprovechando ese impulso de que la defensa se basó en que el sujeto reconocía el hecho y estaba colaborando, solicita y se fija una audiencia para procedimiento abreviado. Es decir, en la que este reconozca su participación, sea condenado y así no alargar este caso indefinidamente”.
La audiencia quedó fijada para junio de 2026. Por su parte, las diligencias investigativas ordenadas por el Ministerio Público se concentran en recuperar archivos eliminados por el imputado desde los dispositivos incautados.
