Un reportaje de CIPER destapó una compleja situación en el Gobierno Regional del Maule (GORE): la contratación de una abogada cuya asesoría derivó en recursos judiciales que deben ser resueltos por la Corte de Apelaciones de Talca, tribunal que hasta este lunes 2 de marzo presidía su propio cónyuge.
Se trata de la abogada Angélica Caro Toro, quien fue contratada el 11 de noviembre por trato directo para asesorar en procesos de no renovación de contratos y rebajas de grado de funcionarios. Por ese servicio -que se extendió por dos meses- recibió $9,1 millones brutos.
Su esposo es el ministro Moisés Muñoz, integrante de la Corte de Talca y presidente del tribunal hasta inicios de esta semana.
Tras la asesoría, al menos siete funcionarios a contrata -seis desvinculados y uno con disminución de grado- presentaron recursos de protección. Seis de ellos fueron admitidos a trámite y deben ser resueltos por la misma corte donde se desempeña el magistrado.
En un inicio, el ministro Muñoz no se inhabilitó y participó en actuaciones vinculadas a estos procesos, incluyendo rechazos a órdenes de no innovar solicitadas por los exfuncionarios.
Dos semanas después de que CIPER consultara formalmente por su eventual inhabilidad, el 26 de febrero el magistrado se restó de tres causas, argumentando como causal que su cónyuge prestó asesoría jurídica al organismo recurrido.
Desde el GORE señalaron que la contratación se realizó por trato directo debido a la experiencia de la abogada en litigación administrativa y “considerando la alta probabilidad de judicialización” de estas materias.
La asesoría fue catalogada como confidencial mientras estuvo vigente. El contrato original por $7 millones fue ampliado en un 30%, elevando el monto total pagado a $9,1 millones.
La profesional, por su parte, sostuvo que su trabajo se limitó al ámbito administrativo y negó la existencia de conflicto de interés, afirmando que el vínculo matrimonial no implica, por sí solo, una incompatibilidad.
El caso se enmarca en un contexto mayor. El GORE informó previamente a la Dirección de Presupuestos un déficit de $294,6 millones para el pago de sueldos. Además, antecedentes enviados a Contraloría dan cuenta de 119 aumentos de grado entre 2023 y enero de 2025, lo que elevó el gasto permanente en más de $200 millones.
Mientras los recursos avanzan en la Corte de Talca, el reportaje abre cuestionamientos sobre probidad, conflictos de interés y mecanismos de contratación pública en el Gobierno Regional del Maule.
