La salida de José Miguel Salazar, atribuida oficialmente a ajustes de gestión, coincide con una indagatoria por presuntos pagos irregulares en la Universidad San Sebastián. Desde la oposición acusan posible interferencia y advierten impacto en la autonomía del organismo fiscalizador.
El Gobierno solicitó este jueves la renuncia del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, en una decisión que rápidamente abrió un nuevo flanco político.
Desde el Ministerio de Educación explicaron que la medida se enmarca en la instalación de nuevas autoridades. Según señalaron, tras evaluar distintas jefaturas se resolvió disponer del cargo para designar a un nuevo titular mediante el mecanismo legal correspondiente.
Pese a esa explicación, la salida ocurre en paralelo a la investigación que lleva adelante la Superintendencia contra la Universidad San Sebastián (USS), por eventuales pagos irregulares a figuras políticas ligadas a la derecha.
El ahora exsuperintendente encabezaba un proceso que podría derivar en sanciones relevantes para la casa de estudios, lo que elevó las suspicacias en el Congreso.
Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. El diputado Héctor Barría (DC), integrante de la Comisión de Educación, afirmó que la decisión “empaña el inicio de la administración” y advirtió que se produce en un momento clave, previo a una resolución relevante en el caso USS.
En la misma línea, la diputada Emilia Schneider (FA) informó que ofició a la Superintendencia de Educación Superior para solicitar antecedentes detallados sobre la formulación de cargos y los hechos investigados.
Aunque el Ejecutivo insistió en que se trata de una decisión administrativa propia del inicio de gestión, el episodio instaló dudas sobre la independencia de los organismos reguladores y tensionó el debate político en torno al manejo de investigaciones sensibles en el sistema de educación superior.
