La Corte de Apelaciones de Talca confirmó la condena por cohecho reiterado, ingreso de elementos prohibidos y microtráfico. También fue condenado un interno que actualmente cumple una pena por homicidio calificado.
Un exfuncionario de Gendarmería del Centro Penitenciario de Linares deberá cumplir de manera efectiva penas que suman casi ocho años de cárcel, tras acreditarse que aprovechó su cargo para recibir pagos e ingresar teléfonos celulares, accesorios y drogas al establecimiento.
Según los antecedentes informados por la Fiscalía, el principal destinatario de las especies era un interno que cumple condena por homicidio calificado y que también fue sentenciado en esta causa.
La investigación permitió establecer que el entonces gendarme recibió dinero a cambio de introducir celulares y otros objetos prohibidos al penal. Además, se acreditó que el 3 de enero de 2024 ingresó ketamina, cocaína, teléfonos y accesorios, hechos que sustentaron las condenas por microtráfico e ingreso de elementos prohibidos.
De esta manera, la sentencia sanciona tres conductas acreditadas en el juicio: recibir pagos aprovechando su función pública, introducir objetos prohibidos al recinto penitenciario e ingresar pequeñas cantidades de droga.
Las diligencias fueron encabezadas por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía y ejecutadas por equipos especializados de Gendarmería. Los antecedentes y peritajes fueron presentados ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, que dictó sentencia condenatoria contra ambos acusados.
El fiscal del SAC, Ángel Ávila, informó que la Corte de Apelaciones de Talca rechazó el 22 de septiembre los dos recursos de nulidad interpuestos y confirmó íntegramente el fallo. Según explicó, las penas deberán cumplirse de manera efectiva.
En el caso del exfuncionario, el tribunal impuso cinco años y un día por cohecho reiterado, 541 días por ingreso de elementos prohibidos y otros 541 días por microtráfico de drogas.
El interno, en tanto, recibió tres años y un día por cohecho reiterado y tres años por porte de elementos prohibidos al interior del establecimiento penitenciario. Estas penas se agregan a la condena que ya cumple por homicidio calificado.
De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio Público, el rechazo de los recursos dejó firme la sentencia condenatoria.
El caso evidencia la gravedad de la corrupción al interior de los recintos penitenciarios: un funcionario encargado de resguardar la seguridad utilizó su posición para facilitar el ingreso de drogas y objetos prohibidos a cambio de dinero. Una conducta que vulnera la confianza pública y compromete los controles que deben existir dentro de la cárcel.
