Colín, Río Claro y Pencahue figuran entre los sectores con afectación agrícola reportada. Las pérdidas productivas y las necesidades de apoyo todavía requieren un balance consolidado.
Las lluvias, tormentas eléctricas y granizadas registradas este lunes 26 de octubre dejaron consecuencias en viviendas y predios agrícolas de la Región del Maule. El balance entregado anoche por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó alrededor de 58 viviendas afectadas por las precipitaciones, sin detallar su distribución por comuna ni la gravedad de los daños.
En el mundo rural, los antecedentes publicados este martes sitúan uno de los focos de preocupación en Colín, comuna de Maule, donde se reportaron daños en plantaciones de tomates e invernaderos. Según informó Diario Talca, la acumulación de granizo y las intensas precipitaciones provocaron el colapso de coberturas plásticas, comprometiendo tanto los cultivos como la infraestructura utilizada por pequeños productores.
El mismo medio informó afectaciones agrícolas en Río Claro y Pencahue, aunque sin precisar una cifra de agricultores perjudicados, superficie dañada o monto de las pérdidas.
Hasta Colín se trasladaron el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, representantes de Agricultura e INDAP para inspeccionar los predios. De acuerdo con los reportes locales, se iniciaron coordinaciones con el Gobierno Regional para gestionar recursos de emergencia destinados a la recuperación productiva. Estos antecedentes corresponden a gestiones y evaluaciones; todavía no permiten informar montos ni fechas de entrega de ayudas.
La preocupación también alcanza a los huertos frutícolas. En una advertencia difundida antes del episodio, el agroclimatólogo Patricio González señaló que el granizo podía dañar frutos, brotes y hojas, y recomendó revisar los huertos después de la tormenta. Esa alerta describe un riesgo y no constituye una cuantificación de pérdidas efectivamente registradas en Linares.
Hasta la revisión realizada este martes 27 de octubre, no se encontró un catastro público regional actualizado que consolidara los daños agrícolas, las familias que requieren asistencia y el estado de calles, caminos rurales y servicios básicos.
