Solo Parral y Retiro están consideradas en la provincia de Linares. El consejero regional Alamiro Garrido pidió acelerar los catastros de daños, mientras el diputado Cristián Menchaca solicita incluir a Longaví.
La cobertura de la emergencia agrícola en el Maule abrió cuestionamientos por la situación de productores de comunas que quedaron fuera de la medida. El consejero regional Alamiro Garrido advirtió afectaciones en Colbún y Yerbas Buenas, además de Chanco y Pelluhue, y planteó la necesidad de ampliar la evaluación territorial para identificar a los agricultores perjudicados.
A este escenario se suma la solicitud del diputado Cristián Menchaca para que Longaví también sea incorporada a la emergencia agrícola.
De acuerdo con la información oficial publicada por INDAP el 29 de octubre, la declaración comprende 14 comunas del Maule, pero en la provincia de Linares únicamente incluye a Parral y Retiro. Colbún, Yerbas Buenas y Longaví no figuran en esa nómina.
Según su intervención en el Consejo Regional, Garrido solicitó que la Seremi de Agricultura e INDAP dispongan de personal y recursos para determinar con rapidez la superficie afectada, los cultivos dañados y las pérdidas económicas. También advirtió que una menor producción puede repercutir en el empleo de temporada y en los ingresos de las familias rurales.
La medida anunciada por Agricultura responde a los daños provocados durante octubre por precipitaciones intensas, granizadas y fuertes vientos. Su aplicación permite habilitar instrumentos de apoyo, sujetos a criterios de focalización, procedimientos y disponibilidad presupuestaria; por tanto, no constituye una entrega automática de recursos a todos los productores de las comunas incluidas.
Respecto de una eventual ampliación, la Delegación Presidencial Regional informó, al presentar la solicitud inicial, que otras comunas podrían incorporarse si las evaluaciones técnicas del Comité Asesor Regional de Gestión del Riesgo Agrícola determinan que corresponde. Esa posibilidad requiere nuevos antecedentes y una decisión de la autoridad.
El punto pendiente es conocer el alcance de los daños en las comunas excluidas: cuántos productores resultaron afectados, qué superficie y cultivos presentan pérdidas y si esos antecedentes permitirán ampliar la cobertura.
