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martes, agosto 25, 2026
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Prisión preventiva para sujeto imputado por explotación sexual de adolescentes en Talca

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Un hombre de 28 años quedó formalizado y en prisión preventiva tras una investigación que reveló el uso de una aplicación digital para contactar a menores de edad y ofrecerles dinero u objetos a cambio de acciones sexuales.

Las diligencias fueron dirigidas por la Fiscalía de Talca y ejecutadas por la Brigada de Delitos Sexuales (BRISEX) de la PDI, logrando establecer que el imputado contactaba a las víctimas y las trasladaba hasta su domicilio en la Villa Los Cóndores, en la capital regional.

La causa unificó dos investigaciones que acreditaron un patrón reiterado de conducta. Según expuso el fiscal José Luis González, el sujeto ofrecía pagos en dinero y otros bienes, como cigarrillos y alcohol, para concretar encuentros en su departamento. Una de las víctimas se encontraba en situación de especial vulnerabilidad.

Con estos antecedentes, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de detención, la que fue cumplida por la BRISEX. El imputado fue formalizado por estupro en contexto de explotación sexual respecto de una de las víctimas y por obtención de servicios sexuales respecto de la otra.

El tribunal acogió la tesis del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva, considerando que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de las víctimas -con quienes mantenía contacto- y para la seguridad de la sociedad, por el riesgo de reiteración de las conductas.

Por su parte, el inspector Cristian Venegas, de la BRISEX Talca, detalló que la investigación se inició a partir de denuncias y reportes recibidos durante 2024 y 2025, con patrones similares. Tras cerca de tres meses de diligencias, se identificó al imputado y su participación, incluyendo el contacto con dos adolescentes de 16 años mediante una aplicación.

La detención se concretó en la comuna de Romeral. En paralelo, se realizó el allanamiento del inmueble, donde se incautaron teléfonos celulares y computadores que serán periciados para abrir nuevas líneas investigativas y eventuales nuevas víctimas.

El tribunal fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación.

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