Aunque el recorte total al presupuesto de Educación será menor al anticipado, el decreto de modificación presupuestaria de marzo de 2026 concentra las principales rebajas en educación superior, gratuidad y financiamiento estudiantil, con recortes millonarios en aportes fiscales, deuda y créditos.
Pese a la moderación del recorte global del 3% inicial, el documento revela que las rebajas se concentran en áreas estratégicas, con especial impacto en educación superior, gratuidad y el sistema de créditos estudiantiles.
El decreto, elaborado por el Ministerio de Hacienda, introduce cambios al presupuesto vigente del sector público y redefine prioridades de gasto en el ámbito educacional.
Aporte fiscal al Mineduc lidera los recortes
La mayor disminución corresponde al Aporte Fiscal Libre del Ministerio de Educación, que sufre una rebaja de $80.473 millones.
Este ajuste afecta a distintos servicios del sistema, entre ellos la Dirección de Educación Pública, Junji, Junaeb, las subsecretarías y los Servicios Locales de Educación Pública, reduciendo márgenes de operación y gestión.
Gratuidad bajo presión
El Financiamiento Institucional para la Gratuidad en Educación Superior registra un recorte de $50.049 millones, uno de los ajustes más sensibles del decreto.
Del total, $19.184 millones impactan a universidades, $26.864 millones a institutos profesionales y centros de formación técnica, y $4.000 millones a becas de educación superior, presionando el financiamiento de las instituciones adscritas al sistema.
Deuda y créditos estudiantiles
Otro movimiento relevante es la reducción de $65.000 millones en el Servicio de la Deuda Pública, asociada a amortización de deuda interna en educación superior.
A esto se suma un ajuste de $52.224 millones en recuperación de préstamos, vinculados a créditos de educación superior como el CAE. Aunque no implica un recorte directo de gasto, disminuye los flujos netos disponibles para el sistema.
Ajustes menores, efecto acumulado
El decreto también contempla rebajas de menor cuantía en programas, bienes y servicios de consumo, equipamiento, informática y apoyo técnico-pedagógico.
Si bien estos montos son acotados de forma individual, su acumulación podría incidir en el funcionamiento cotidiano de distintos servicios educacionales.
Así, el ajuste fiscal en Educación termina siendo acotado en términos porcentuales, pero altamente focalizado, con un impacto directo en la gratuidad, los créditos estudiantiles y el financiamiento de la educación superior.
