La diputada Consuelo Veloso ofició al Ministerio de las Culturas para aclarar si conocía las observaciones sobre pagos municipales y una demanda civil por más de $30 millones antes de designar a Pablo Amaro. La fiscalización se intensificó tras la suspensión de un lanzamiento literario denunciada como censura.
La diputada por la Región del Maule, Consuelo Veloso, elevó el tono de sus cuestionamientos contra la gestión del seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Pablo Andrés Amaro Valenzuela.
La parlamentaria pidió al Gobierno explicar qué antecedentes fueron revisados antes de nombrar a la autoridad regional y si se consideraron las observaciones formuladas por la Contraloría Regional del Maule respecto de su anterior desempeño en la Municipalidad de Villa Alegre.
La ofensiva fiscalizadora se produce, además, en medio de la controversia originada por la suspensión del lanzamiento de un libro sobre Auschwitz y Colonia Dignidad en el Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca.
Oficio apunta directamente al nombramiento
Veloso ofició al Ministerio de las Culturas para conocer los criterios y antecedentes que respaldaron la designación de Amaro como seremi.
La diputada busca establecer si el Ejecutivo tenía conocimiento del Informe Final N.º 240 de 2025 de la Contraloría Regional del Maule y si las observaciones contenidas en ese documento fueron evaluadas previamente.
Según informó la parlamentaria, el actual seremi también enfrenta una demanda civil presentada por la Municipalidad de Villa Alegre, mediante la cual se busca la restitución de $30.448.520 en recursos públicos.
La acción judicial estaría relacionada con observaciones detectadas por el organismo contralor. Sin embargo, la existencia de la demanda no constituye por sí sola una declaración de responsabilidad, materia que deberá ser determinada por el tribunal competente.
Pagos bajo observación
El informe de Contraloría cuestionó respaldos asociados a pagos efectuados por la Municipalidad de Villa Alegre durante el periodo en que Amaro ejercía funciones en esa administración.
De acuerdo con antecedentes publicados por BioBioChile, las observaciones alcanzaron $13.424.000 vinculados a un programa juvenil y otros $17.024.520 correspondientes a servicios comunicacionales.
El organismo fiscalizador advirtió falta de documentación suficiente, informes genéricos y actividades que no habrían podido ser verificadas completamente. También instruyó la realización de una revisión exhaustiva y la adopción de medidas administrativas.
Frente a estos antecedentes, Veloso solicitó al Ministerio precisar si fueron considerados durante el proceso de nombramiento y qué acciones se han adoptado para proteger la probidad y la confianza pública.
Suspensión de libro profundiza la controversia
A los cuestionamientos administrativos se agregó la suspensión del lanzamiento del libro Auschwitz, Colonia Dignidad y más: Historias de héroes y canallas, del escritor y periodista talquino Gabriel Rodríguez.
La actividad estaba programada en el Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca. Según el autor y los organizadores, la suspensión habría sido instruida por el seremi Pablo Amaro, versión que deberá ser aclarada oficialmente.
El episodio provocó críticas de organizaciones vinculadas al periodismo y la literatura. El Colegio de Periodistas calificó lo ocurrido como una práctica de censura, mientras que la Sociedad de Escritores de Chile manifestó su preocupación y solicitó explicaciones públicas.
Rodríguez, reconocido con el Premio Nacional a la Trayectoria Literaria 2024 y como Patrimonio Vivo de San Javier, sostuvo que nunca había enfrentado una situación similar durante sus más de cuatro décadas de actividad profesional.
La controversia fue recogida por medios nacionales, que informaron sobre las acusaciones de censura y las exigencias de aclarar quién ordenó suspender la presentación.
Fiscalización seguirá abierta
Veloso anunció que continuará recopilando antecedentes y evaluando nuevas acciones para esclarecer tanto el proceso de nombramiento como las decisiones adoptadas durante la gestión del seremi.
La diputada exige que el Ministerio responda si conocía los cuestionamientos previos, qué evaluación realizó antes de la designación y cuáles serán las medidas destinadas a garantizar la transparencia institucional.
Los antecedentes administrativos, la demanda civil y las denuncias relacionadas con el lanzamiento literario corresponden a procedimientos y cuestionamientos todavía sujetos a revisión. Hasta ahora, no implican una condena ni una determinación definitiva de responsabilidad contra la autoridad regional.
