Columna de Opinión del Concejal Lenin Fuentes: La democracia no se fortalece únicamente mediante elecciones periódicas. También necesita instituciones capaces de controlar el ejercicio del poder y exigir responsabilidades a quienes administran recursos públicos.
En el ámbito municipal, uno de esos mecanismos es el requerimiento por notable abandono de deberes. Esta figura, contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, permite solicitar que un tribunal examine la actuación de una autoridad comunal cuando existen antecedentes sobre posibles incumplimientos graves.
No se trata de una condena anticipada. Tampoco debiera entenderse, por sí sola, como una herramienta de persecución política.
Es un procedimiento institucional mediante el cual un órgano independiente debe analizar los antecedentes, escuchar a las partes y determinar si existe responsabilidad.
Autonomía no significa ausencia de control
La autonomía municipal es fundamental para responder a las necesidades de cada territorio. Sin embargo, esa autonomía no implica inmunidad frente a la fiscalización.
Los alcaldes administran presupuestos, ejecutan decisiones que afectan diariamente a miles de personas y dirigen el funcionamiento de los servicios municipales. Esas atribuciones exigen un alto estándar de responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad.
La ley establece que el notable abandono puede configurarse cuando una autoridad transgrede de manera manifiesta, reiterada e inexcusable las obligaciones que regulan el funcionamiento municipal. La decisión sobre su existencia corresponde al Tribunal Electoral Regional respectivo.
El requerimiento no reemplaza al tribunal ni determina previamente su resolución. Su función es activar el procedimiento para que los hechos sean revisados conforme a derecho.
El caso de Linares
En este contexto se encuentra el requerimiento presentado por cuatro concejales de Linares contra el alcalde Mario Meza.
Quienes impulsamos esta acción consideramos que existen antecedentes suficientes para solicitar una revisión judicial. A nuestro juicio, esos cuestionamientos encuentran respaldo en informes de la Contraloría General de la República y de la unidad de control interno municipal.
Corresponderá al tribunal competente valorar esos antecedentes, recibir la respuesta de la autoridad requerida y resolver si se cumplen o no los requisitos establecidos por la legislación.
El procedimiento debe desarrollarse respetando plenamente el debido proceso, el derecho a defensa y la independencia del órgano jurisdiccional.
Reconocer esas garantías no impide destacar la importancia democrática de que los concejales ejerzan las facultades fiscalizadoras para las cuales fueron elegidos.
Fiscalizar no es una opción
Durante años, Linares ha mostrado una fuerte concentración del poder político y administrativo en la figura del alcalde.
Las mayorías políticas, la dependencia administrativa y las dificultades para acceder oportunamente a información municipal pueden debilitar la capacidad de fiscalización del concejo.
Ese escenario contribuye a instalar la idea de que controlar la gestión es generar un conflicto político. Sin embargo, la fiscalización no es una decisión voluntaria ni una concesión de la autoridad de turno.
Es un deber legal.
La ciudadanía elige a los concejales para revisar la gestión municipal, observar el uso de los recursos públicos, solicitar información y actuar cuando aparecen antecedentes que podrían dar cuenta de irregularidades.
Renunciar a esa responsabilidad significaría abandonar una de las principales funciones del cargo.
Una prueba para las instituciones
Más allá del resultado judicial, la existencia de este procedimiento demuestra que el sistema democrático dispone de herramientas para someter la actuación de las autoridades locales al escrutinio jurídico.
Es importante que la tramitación se desarrolle sin dilaciones innecesarias y con el rigor que exige una materia de esta relevancia.
La transparencia, la probidad y la responsabilidad administrativa son pilares de la confianza pública. Cuando se debilitan, también se deteriora la legitimidad de los municipios y la relación entre las autoridades y la comunidad.
Por esta razón, los mecanismos establecidos en la legislación municipal no deben ser presentados únicamente como instrumentos de confrontación. Son garantías destinadas a proteger el interés general y asegurar que los recursos públicos sean administrados conforme a la ley.
Una oportunidad para la democracia local
El caso de Linares abre una discusión necesaria sobre la calidad de nuestra democracia comunal.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los antecedentes, exigir transparencia y observar que las instituciones funcionen con independencia y rigor.
También tiene derecho a que las responsabilidades sean establecidas por los organismos competentes, sin presiones y sin prejuzgamientos.
Ningún cargo público puede quedar exento de fiscalización. El notable abandono de deberes no constituye una declaración anticipada de culpabilidad, sino un mecanismo excepcional del Estado de derecho.
Su propósito es determinar si la confianza depositada por la ciudadanía ha sido ejercida con responsabilidad, probidad y estricto apego a la legalidad.
Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la línea editorial del medio.
