Pedro Pablo Muñoz atribuyó “malas intenciones” a medios de comunicación y sostuvo que los antecedentes se remontan a 2023. Sin embargo, reconoció que la investigación sigue vigente, mientras la cobertura de LinaresEnLínea informó diligencias de la PDI y una medida judicial sobre tres propiedades de la autoridad.
El alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz Oses, respondió a las publicaciones sobre la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su contra y de otras siete personas, cuestionando las intenciones de los medios que difundieron los antecedentes. La autoridad sostuvo que se trata de hechos conocidos desde años anteriores, aunque reconoció que continúan siendo investigados.
La acción judicial incluye a funcionarios municipales y particulares por hechos que, según el CDE, podrían configurar delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Por tanto, los otros siete querellados no corresponden exclusivamente a funcionarios municipales.
En su intervención, Muñoz vinculó el caso con el informe 577 de Contraloría y las denuncias relacionadas con el festival “Colbún y su Gente” de 2023. Según su versión, estos antecedentes ya habían originado procedimientos administrativos y actuaciones judiciales.
“Es más de lo mismo”, afirmó, atribuyendo “malas intenciones” a medios que, a su juicio, vuelven a publicar asuntos del pasado.
La antigüedad de los hechos no diluye las posibles responsabilidades
Que los antecedentes se remonten a años anteriores no significa que las eventuales responsabilidades hayan desaparecido ni que la investigación pierda interés público. La presentación de una querella expresa que el CDE considera que existen fundamentos para perseguir posibles responsabilidades penales; su acreditación corresponde a la justicia.
Según la cronología expuesta por el propio alcalde, la investigación comenzó en 2024. En ese contexto, la querella conocida públicamente después de aproximadamente dos años de diligencias refuerza la necesidad de esclarecer los hechos, en lugar de permitir que sean descartados únicamente por su antigüedad.
La publicación de LinaresEnLínea del 1 de octubre incorporó antecedentes sobre la investigación a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Linares, bajo la dirección de la fiscal Carola D’Agostini. También informó que, a solicitud del CDE, el Juzgado de Garantía de Linares decretó la prohibición de celebrar actos y contratos sobre tres propiedades del alcalde.
Por ello, la cobertura abordó antecedentes de una causa vigente y actuaciones judiciales relevantes para la comunidad.
Muñoz asegura que ha colaborado
El alcalde afirmó que el municipio ha entregado la información requerida y que tanto él como otros involucrados han prestado declaración. Sostuvo que esta colaboración se ha mantenido durante 2024, 2025 y 2026, y aseguró que comunicará cualquier pronunciamiento que se produzca.
También mencionó decisiones que, según señaló, le fueron favorables en un procedimiento por notable abandono de deberes. Sin embargo, su declaración no precisó cómo esas resoluciones se relacionan con las imputaciones penales contenidas en la querella del CDE.
Muñoz defendió la intención con que se organizaron las actividades municipales y manifestó que, si se cometieron errores, deberán enfrentarlos.
Desde la línea editorial de LinaresEnLínea, informar sobre el uso de recursos públicos y el avance de investigaciones que involucran a autoridades responde al deber de fiscalización de la prensa. La comunidad tiene derecho a conocer tanto los antecedentes de la causa como la respuesta de los involucrados.
La querella no constituye una condena. Las responsabilidades deberán determinarse judicialmente, mientras todos los involucrados mantienen su presunción de inocencia.
