El propietario del establecimiento fue detenido y formalizado tras una investigación por venta de fármacos sujetos a receta médica. La autoridad sanitaria fiscalizó el local y decretó la prohibición de funcionamiento.
La denuncia de una madre, cuyo hijo sufrió una intoxicación grave tras adquirir medicamentos en una farmacia de Linares, dio origen a una investigación que terminó con un hombre de 45 años detenido y formalizado. El establecimiento, ubicado en las cercanías del terminal de buses de calle Januario Espinoza, quedó con prohibición de funcionamiento tras una fiscalización de la autoridad sanitaria.
Según informó la Fiscalía de Linares, la investigación permitió establecer que en el recinto se comercializaban medicamentos sujetos a control sin exigir la receta médica correspondiente, incluyendo ventas a menores de edad.
La fiscal jefa de Linares, Carola D’Agostini, explicó que el adolescente había comprado tramadol y que previamente había accedido a otros medicamentos cuya venta requería receta retenida, exigencia que, de acuerdo con los antecedentes investigados, no se estaba cumpliendo.
La persecutora señaló que esta situación significó que el menor terminara “con una intoxicación grave en el Hospital de Linares”, lo que motivó las diligencias para esclarecer los hechos.
La investigación fue desarrollada por la Brigada Antinarcóticos de la PDI, bajo la dirección del Ministerio Público, e incluyó la utilización de la técnica de agente revelador para verificar la comercialización irregular.
El subprefecto Nolberto Fuentes, jefe subrogante de la unidad policial, indicó que el procedimiento permitió detener al imputado e incautar una variedad de medicamentos, entre ellos zopiclona y tramadol en distintos formatos. En las diligencias también participaron funcionarios de la Seremi de Salud.
Tras la detención y formalización, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado. Sin embargo, el Juzgado de Garantía rechazó esa petición, decisión que posteriormente fue confirmada por la Corte de Apelaciones.
El hombre quedó sujeto a medidas cautelares, cuyo detalle no fue precisado en los antecedentes entregados, mientras se desarrolla la investigación, para la que se fijó un plazo de tres meses.
En paralelo al procedimiento penal, la Seremi de Salud fiscalizó la farmacia y dispuso la prohibición de funcionamiento del establecimiento.
