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jueves, febrero 5, 2026
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Contraloría del Maule demanda a exgobernadora regional por presunto perjuicio fiscal superior a $56 millones

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La Contraloría Regional del Maule presentó una demanda de juicio de cuentas contra la exgobernadora regional Cristina Bravo Castro, hoy directora del IPS Maule, y miembros de su equipo directivo, por su presunta responsabilidad en la autorización de pagos cuestionados durante su gestión.

La acción fue presentada ante el Juzgado de Cuentas y apunta a determinar eventuales responsabilidades administrativas y patrimoniales derivadas de un contrato de difusión institucional financiado con recursos del Gobierno Regional del Maule.

Según el requerimiento del organismo contralor, el caso se relaciona con el convenio denominado “Servicio de difusión en multiplataforma para el Gobierno Regional del Maule”, adjudicado a la empresa En Línea Maule SpA.

La Contraloría objetó los desembolsos realizados en el marco de ese contrato, estimando que no se ajustaban a los fines permitidos por la normativa vigente para este tipo de gastos públicos.

El presunto perjuicio fiscal fue cifrado inicialmente en más de 56 millones de pesos, monto que, tras recargos e intereses, se eleva a una cifra cercana a los 68 millones de pesos, de acuerdo con la actualización realizada a noviembre de 2025.

La demanda también alcanza a funcionarias y funcionarios del ámbito administrativo del Gobierno Regional, incluyendo jefaturas de áreas como Finanzas, Administración y Comunicaciones, quienes habrían participado en la tramitación o autorización de los pagos observados.

Cabe consignar que el medio de comunicación EnLineaMaule es de propiedad de Luis Verdejo, quien actualmente se desempeña como administrador del Gobierno Regional del Maule, cargo que asumió con posterioridad a los hechos investigados.

El juicio de cuentas busca establecer responsabilidades individuales y definir si corresponde el reintegro de los recursos al patrimonio público regional, proceso que ahora deberá ser resuelto por el tribunal competente.

La causa continúa en tramitación y será la justicia administrativa la encargada de determinar eventuales sanciones o restituciones.

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