En Chile, la corrupción ya no sorprende. No porque sea aceptada, sino porque se ha vuelto recurrente. El problema no es la indiferencia ciudadana, sino el agotamiento frente a una seguidilla de casos que parecen no tener consecuencias reales.
La ciudadanía no exige mártires ni gestos épicos. Lo que espera es básico; que quienes ocupan cargos públicos entiendan que el poder no es un premio, sino una responsabilidad. Las autoridades cuentan con sueldos acordes, atribuciones claras y respaldo institucional. A cambio, se espera probidad.
Sin embargo, la corrupción ha dejado de ser una anomalía para transformarse en parte del paisaje. Fiscales, jueces, policías, parlamentarios y autoridades de distinto nivel han protagonizado episodios que antes habrían provocado indignación transversal. Hoy, apenas generan sorpresa.
La política ha perdido sentido cuando el cargo se usa como plataforma de beneficios personales y no como herramienta para resolver problemas colectivos. El poder público, en vez de ordenar, proteger o servir, se convierte en una llave para acceder a favores, influencias y redes privadas.
Las promesas de campaña, los programas y los discursos terminan siendo, en muchos casos, simples escalones hacia el poder. Una vez alcanzado, el compromiso con la ciudadanía se diluye, reemplazado por cálculos partidistas o intereses personales.
El daño no es menor. Cada escándalo debilita la confianza en las instituciones y profundiza la distancia entre la ciudadanía y la política. Cuando los cargos llamados a liderar el desarrollo social se transforman en sinónimo de abuso, el sistema completo se resiente.
Recuperar la confianza no se logra con declaraciones ni gestos simbólicos. Requiere sanciones claras, coherencia y voluntad real de cambio. Pero, sobre todo, exige autoridades que comprendan una verdad elemental; gobernar no es servirse del cargo, sino servir al país y a su gente.
Editorial LinaresEnLínea
