Informe del organismo fiscalizador reveló vehículos municipales sin seguros vigentes, funcionarios conduciendo sin póliza obligatoria, contratos cuestionados y uso indebido de recursos públicos, ordenando sumarios y correcciones al municipio.
La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la Oficina de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Colbún, tras una fiscalización que derivó en órdenes de sumarios administrativos, término de contratos y correcciones en el uso de recursos públicos.
El informe, emitido por la Contraloría Regional del Maule, se originó luego de una denuncia por un accidente de tránsito ocurrido en abril de 2025, que involucró a un vehículo municipal.
Investigación estancada por casi un año
El organismo fiscalizador confirmó que la municipalidad inició una investigación sumaria por el accidente, pero que, a enero de 2026, el proceso seguía inconcluso, incumpliendo los plazos legales.
Contraloría ordenó cerrar el procedimiento a la brevedad e informar sus resultados en el sistema oficial de seguimiento.
Vehículos municipales sin seguro
Uno de los hallazgos más relevantes apunta a la flota de Seguridad Ciudadana. De ocho vehículos municipales, cuatro no contaban con seguros vigentes, exponiendo al municipio a eventuales pérdidas patrimoniales.
Contraloría exigió regularizar esta situación y fortalecer los controles internos.
Funcionarios conduciendo sin póliza legal
La fiscalización también detectó que 18 funcionarios manejaron vehículos fiscales sin contar con la póliza de conducción obligatoria por ley. Esta situación fue calificada como una observación compleja, al tratarse de un requisito legal para el uso de vehículos estatales.
El municipio deberá regularizar estas pólizas en un plazo de 60 días hábiles.
Horas extra bajo la lupa
El informe reveló que dos trabajadores a honorarios, contratados bajo la modalidad de suma alzada, concentraron una cantidad desproporcionada de horas extraordinarias.
En algunos meses, las horas extra representaron cerca del 50% de sus ingresos, superando ampliamente a funcionarios con contratos similares y mismas funciones.
Según Contraloría, esta práctica vulnera los principios de equidad, eficiencia y buen uso de los recursos públicos.
Ordenan poner fin a contratos irregulares
Contraloría concluyó que los contratos a honorarios a suma alzada utilizados para funciones de patrullaje son improcedentes, ya que no corresponden a labores profesionales ni altamente calificadas.
Por ello, ordenó al municipio poner término a dichos contratos y estandarizar la contratación del personal de Seguridad Ciudadana.
Fondos de Educación usados para Seguridad
Otro punto crítico del informe es el uso indebido de recursos del Departamento de Educación Municipal (DAEM). Tres trabajadores contratados por Educación realizaban labores en Seguridad Ciudadana, mientras sus sueldos eran financiados con fondos destinados exclusivamente al área educacional.
Contraloría instruyó cesar esta práctica e iniciar un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades.
Denuncias por acoso sin activar protocolos
Respecto de eventuales casos de acoso laboral y malos tratos, el informe señala que no se activaron los protocolos internos establecidos por la Ley Karin, por lo que Contraloría no pudo pronunciarse sobre el fondo de las denuncias.
