Un nuevo caso de presuntas irregularidades vuelve a sacudir la política regional y nacional. Al menos 59 concejales en distintas comunas del país estarían percibiendo doble remuneración; cobran simultáneamente como autoridades municipales y como asesores parlamentarios, a través de contratos financiados con recursos públicos.
La práctica ha generado cuestionamientos éticos y políticos. Los contratos de asesoría son otorgados directamente por los diputados, sin concursos públicos ni mecanismos claros de evaluación. Esto enciende las alertas sobre posibles conflictos de interés y opacidad en el manejo de fondos estatales.
Maule bajo la lupa
La Región del Maule figura entre las más observadas. En Constitución, el concejal Francisco Aravena recibiría su dieta municipal y, además, cerca de $800 mil mensuales como asesor del diputado Felipe Donoso. En Colbún, el concejal Ángel Carter percibiría $1.000.000 mensuales por asesorar a la diputada Consuelo Veloso.
Pero no son casos aislados. En Chanco, el concejal Cristian Morales Opazo percibiría $300.000 por asesorías a la misma diputada Veloso; en Hualañé, Sergio Ramírez Núñez recibiría $400.000; en Teno, Jorge Rojas Parraguez cobraría $500.000 por servicios al diputado Alexis Sepúlveda; y Luis Alarcón Núñez, actual alcalde suplente de San Javier, percibiría $540.000, provenientes del diputado Gustavo Benavente.
A ello se suman la concejala de Talca, Paula Francisca Retamal Retamal, con $700.000; y el concejal de Cauquenes, Matías Ceballos Pradenas, que percibe $734.068 por contrato con el diputado Gustavo Benavente. Estas cifras muestran cómo los ingresos de concejales pueden duplicarse al combinar dietas municipales y asesorías parlamentarias, muchas veces sin información pública sobre las funciones exactas que cumplen.
Ética en tensión
El debate va más allá de la legalidad. Mientras estos concejales ejercen labores fiscalizadoras en sus municipios, reciben pagos desde el Congreso por asesorías cuya utilidad no siempre está acreditada.
¿Es compatible fiscalizar el uso de recursos públicos a nivel local y, al mismo tiempo, recibir sueldos de parlamentarios con fondos del Estado?. La ley no lo prohíbe, pero la práctica levanta cuestionamientos éticos sobre la transparencia y el uso adecuado del gasto público.
Falta de control sobre los contratos
La ausencia de mecanismos de fiscalización efectivos y la opacidad de los contratos contribuyen a erosionar la confianza ciudadana. Este tipo de situaciones reabre el debate sobre privilegios, abusos y la urgencia de estándares claros de transparencia en la política chilena.
Respuesta del concejal Carter
Ante los cuestionamientos, el concejal Ángel Carter defendió su situación. “Mantengo un contrato de asesoría con la diputada Consuelo Veloso, bajo artículo 22, modalidad legal y vigente. Este tipo de contratos es habitual para el trabajo territorial y la atención de las necesidades del distrito. Incluso, el actual alcalde Pedro Pablo Muñoz tuvo un contrato similar con Juan Castro sin que fuera cuestionado”.
Carter explicó que sus funciones incluyen, «visitas a terreno, atención de vecinos y representación territorial cuando la diputada cumple labores legislativas en el Congreso”.
Un debate que no cesa
El caso en el Maule refleja la tensión entre lo legal y lo ético en la política local. Mientras los contratos cumplen con la normativa, la falta de claridad y el doble cobro ponen en evidencia la necesidad de un sistema más transparente que asegure que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y en beneficio de la ciudadanía.
