La representación del alcalde de Linares alegó la existencia de un proceso anterior pendiente y advirtió un eventual doble juzgamiento. Subsidiariamente, solicitó desestimar las acusaciones por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad. El tribunal aún no resuelve estos argumentos.
La defensa del alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, presentó ante el Tribunal Electoral Regional (TER) del Maule su respuesta al requerimiento de remoción impulsado por los concejales Juan Campos, Eduardo Ibáñez y Lenin Fuentes.
El escrito, ingresado en la causa Rol N.º 50-2026, solicita rechazar la acción y condenar en costas a los requirentes.
Como primera medida, el abogado Rodrigo Flores Osorio interpuso una excepción de litispendencia. Argumentó que ante el mismo tribunal continúa pendiente la causa Rol N.º 29-2023, también dirigida contra Meza por notable abandono de deberes y contravención grave a la probidad.
Según la defensa, ambos procesos buscan la remoción del alcalde, su inhabilitación por cinco años y una condena en costas. Además, sostiene que parte de los hechos cuestionados estaría relacionada con el proceso anterior.
Por ello, solicitó tener el nuevo requerimiento por no interpuesto o suspender su tramitación hasta que se resuelva la causa de 2023 y un recurso de inaplicabilidad pendiente ante el Tribunal Constitucional.
En forma subsidiaria, la defensa respondió los cinco cargos.
Sobre los pagos tardíos de cotizaciones previsionales del DAEM, cuyos intereses y recargos superarían los $1.401 millones, reconoció la existencia de atrasos, pero negó una conducta deliberada o personalmente imputable al alcalde. Como respaldo, mencionó aportes municipales, la reestructuración del departamento y una provisión superior a $3.200 millones para enfrentar sus pasivos.
Respecto del supuesto ocultamiento de pasivos en las cuentas públicas de 2024 y 2025, afirmó que los procesos judiciales fueron informados mediante sus roles y carátulas. La defensa descartó que existiera una intención de ocultar la situación financiera municipal.
En cuanto al contrato de mantención de luminarias LED, sostuvo que la fiscalización cotidiana correspondía a unidades técnicas. Añadió que no existe evidencia de un beneficio personal, conflicto de interés o intervención de Meza para favorecer al contratista.
Sobre las gift cards adquiridas con recursos de la Subvención Escolar Pro-Retención, la defensa afirmó que las observaciones de Contraloría —entre ellas, tarjetas vencidas por más de $89 millones— no acreditan adulteración, apropiación de recursos ni participación personal del alcalde. También recordó que el reparo anunciado todavía no constituye una sentencia firme.
Finalmente, frente a las facturas cedidas a empresas de factoring y las demandas por más de $1.135 millones, sostuvo que se trata de montos controvertidos judicialmente y no de un perjuicio patrimonial definitivo. Agregó que el municipio presentó defensas judiciales, recurrió al Ministerio Público y fortaleció sus controles internos.
La defensa concluyó que la responsabilidad de un alcalde no puede establecerse automáticamente por su posición jerárquica. A su juicio, cada acusación debe acreditar una acción u omisión personal, inexcusable y suficientemente grave para justificar la remoción.
Ahora será el TER del Maule el encargado de resolver la excepción de litispendencia y determinar si el procedimiento continúa, queda suspendido o es desestimado.
