El edil publicó una columna de opinión luego de que la Contraloría Regional del Maule detectara que el DAEM de Linares realizó de manera reiterada pagos extemporáneos de cotizaciones previsionales y de salud entre 2023 y 2025, situación que derivó en multas, intereses y recargos por más de $762 millones.
A través de una columna titulada, «¿Negligencia o abandono de deberes? Cuando la mala gestión deja de ser una excusa», el concejal sostiene que las observaciones contenidas en el Informe Final N° 237 reflejan una situación que se prolongó por varios años y que terminó impactando las finanzas municipales.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, el perjuicio económico se produjo debido a que las cotizaciones previsionales y de salud fueron pagadas fuera de los plazos establecidos por la legislación vigente. Como consecuencia de estos atrasos, el municipio debió asumir el pago de multas, intereses y reajustes, incrementando el gasto público en más de $762 millones.
En su columna, Fuentes destaca que el organismo fiscalizador también señala que el Director de Control Municipal informó en reiteradas oportunidades al alcalde, mediante informes trimestrales, sobre el incumplimiento de los plazos legales para el pago de las cotizaciones, advirtiendo la persistencia de esta situación.
A juicio del concejal, el manejo de estos recursos reviste especial gravedad, considerando que corresponden a descuentos efectuados a los trabajadores para financiar su seguridad social y que, por lo mismo, deben ser enterados oportunamente a las instituciones previsionales.
Asimismo, recuerda que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que el pago reiterado e inoportuno de cotizaciones previsionales puede constituir una causal de notable abandono de deberes, aunque precisa que serán los organismos competentes los encargados de determinar si existen responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.
En su análisis, el edil plantea además la necesidad de establecer responsabilidades políticas por los hechos observados por la Contraloría, indicando que la ciudadanía tiene derecho a conocer quién responderá por el perjuicio económico ocasionado a las arcas municipales.
Fuentes sostiene que los recursos destinados al pago de multas, intereses y recargos pudieron haberse invertido en infraestructura escolar, materiales educativos, apoyo a estudiantes y mejores condiciones para la educación pública comunal.
Finalmente, el concejal afirma que la buena administración de los recursos públicos se refleja en el cumplimiento de la ley, la transparencia y la rendición de cuentas, señalando que cuando existen advertencias previas, las irregularidades persisten y el perjuicio económico supera los $762 millones, corresponde que las instituciones competentes determinen las responsabilidades que procedan.
