Según informó el Fiscal Regional, Julio Contardo, la investigación se basa en los antecedentes que fueron emanados desde los medios de comunicación, redes sociales y de la propia seremía de Vivienda, que emitió un comunicado, en el que explica el traspaso de recursos. «Por lo que se está investigando, se abrió de oficio, por el Ministerio Público y además fue derivada a la fiscalía de Antofagasta para su investigación». En tanto la mañana de este jueves el Ministro de Vivienda, Carlos Montes informó, que «al igual que en el norte, el día mañana parte un equipo del más alto nivel del Ministerio de la Vivienda, a hacer una investigación preliminar, a reunir toda la información necesaria para ver si hay algo que tenga alguna implicancia y a conversar con las distintas autoridades».
Luego de la solicitud de renuncia al seremi de vivienda, Rodrigo Hernández, por parte del diputado Republicano, Benjamín Moreno, a raíz de posibles vínculos y traspaso de dineros (40 millones de pesos) a la fundación Urbanismo Social, en el mes de diciembre del año pasado, y del comunicado emitido por la propia seremía en el que señalaban que no existen contratos ni vínculos con la fundación Democracia Viva, cuestionada en Antofagasta, que el seremi nunca fue parte del directorio, ni fue socio de la Fundación Urbanismo Social y que se realizó un proceso de licitación en la que esta última empresa se adjudicó un proyecto de participación ciudadana en el cual el seremi se abstuvo, y se declaró inhábil de participar por haber trabajado en ella, la fiscalía regional anunció una investigación de oficio que será llevada a cabo por el Fiscal de Antofagasta que lidera las indagatorias por hechos similares ocurridos en esa región.
Según nuevos antecedentes el hecho involucraría ocho traspasos de dinero realizados a fines de 2022, por un total de 577 millones de pesos, a la fundación.
Al respecto, el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, señaló que “confirmamos el inicio de una investigación de oficio a raíz de los antecedentes que ha recogido el Ministerio Público respecto de esta Fundación, fundamentalmente radicados estos antecedentes que aparecen en distintas publicaciones, medios de comunicación, redes sociales y además de la propia confirmación que emana de un comunicado del seremi de Vivienda del Maule, por lo que esta investigación se abrió de oficio por el Ministerio Público y además fue derivada a la fiscalía de Antofagasta para su investigación”.
“No hay diligencias lideradas desde el Maule, hemos coordinado con el fiscal, Aguilar, con quien conversamos de esta situación y hemos preferido que la investigación y la indagación se vincule a aquella que está iniciada en Antofagasta. La fiscalía del Maule, queda a disposición del fiscal, Aguilar, para lo que necesite y para el avance de las investigaciones, fundamentalmente para esclarecer los hechos que es lo que por cierto a la comunidad le interesa”, agregó Contardo.
Respecto a los delitos que se persiguen el fiscal indicó “que son los mismos que se está indagando en Antofagasta, no hay otra arista que se vincule a otras personas sino que el mismos modus operandi que eventualmente tiene que despejarse, principalmente basado en los antecedentes que aparecen en los medios de comunicación, insisto, y en el propio comunicado del seremi”, finalizó.
Por su parte, el Ministro de Vivienda y Urbanismo señaló la mñana de este jueves, que «al igual que en el norte, el día mañana parte un equipo del Ministerio de la Vivienda, del más alto nivel del Ministerio de la Vivienda, a hacer una investigación preliminar, a reunir toda la información necesaria para ver si hay algo que tenga alguna implicancia y a conversar con las distintas autoridades».
La diferencia con el caso de Antofagasta es que en el Maule no hubo asignación directa de recursos, sino que un proceso de licitación para la contratación de servicios, del que el seremi, Rodrigo Hernández, (Revolución Democrática) se abstuvo de participar, pues anteriormente cumplió funciones de abogado en la ONG favorecida.
«Él (Hernández) se inhabilitó para participar. Si nosotros viéramos que en los procesos de decisión haber y se dieran antecedentes, sería distinto. Hasta el momento simplemente hay una vinculación entre una institución muy reconocida en todo el país, como Urbanismo Social, con un organismo público. Si aparecieran cuestiones inapropiadas, nosotros tendríamos otro criterio», finalizó Montes.
