Una nueva denuncia por presunta estafa y otros delitos económicos ingresó al Juzgado de Garantía de Linares, esta vez dirigida contra el empresario Luis Merlín Ótarola y el vendedor Víctor Barros, a quienes se les atribuye la supuesta venta irregular de parcelas en verde en distintos proyectos de la comuna.
La acción judicial fue interpuesta por Iván Rosson P., quien asegura haber sido defraudado tras firmar una promesa de compraventa en noviembre de 2024 y entregar $20.400.000 como parte del negocio. La querella atribuye a Ótarola la presunta simulación de propiedad y la oferta de terrenos cuyo mandato para ser comercializados habría caducado meses antes.
Contacto inicial en redes sociales
Según el escrito, todo comenzó en Facebook Marketplace, donde Rosson fue derivado al vendedor Víctor Barros, quien le presentó imágenes, planos y documentos sobre un loteo en Quiñipeumo. Posteriormente, ambos se reunieron con Ótarola en una oficina de la Galería Moya, donde se habría confirmado la supuesta disponibilidad legal del terreno.
Firma en notaría y pago en efectivo
La querella detalla que el 14 de noviembre de 2024, en la Primera Notaría de Linares, Rosson entregó $20 millones en efectivo más gastos notariales. Afirma que no recibió minuta anticipada y que, tras la firma, la comunicación con los involucrados se habría vuelto irregular.
Alertas comunitarias y dudas sobre la validez del mandato
En febrero y marzo de 2025, el denunciante tomó conocimiento de advertencias de otros compradores y presuntas víctimas. Incluso, asegura haber recibido información de que el mandato que habría permitido a Ótarola comercializar el terreno estaba caducado desde febrero de 2024, lo que, de confirmarse, invalidaría la promesa firmada.
Querella afirma una presunta estructura organizada
Además de estafa, la acción acusa la existencia de una presunta asociación ilícita dedicada a captar compradores mediante promesas de compraventa que no podrían concretarse legalmente. La querella menciona causas previas contra el empresario y solicita amplias diligencias investigativas a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
La defensa de Ótarola: “No hay delitos, solo problemas derivados de inundaciones y conflictos contractuales”
El abogado de Luis Merlín Ótarola, Engelbeth Luna Bascur, entregó su versión y descartó tajantemente que su representado haya cometido delito alguno.
Según Luna, Ótarola ha ejecutado al menos seis proyectos inmobiliarios en Linares, con un universo aproximado de 600 clientes, y los casos actualmente denunciados “no superarían las 20 personas”.
“El señor Ótarola ha realizado diversos proyectos en el sector de Linares, a lo menos seis, con un staff de clientes de al menos 600 personas. Estos casos que usted señala no deben superar las 20 personas”, indicó el abogado.
El defensor atribuye los problemas principalmente al proyecto Edén de Ancoa, que -según afirma- sufrió dos inundaciones que generaron millonarios gastos de reparación. Sostiene que parte del dinero cuestionado habría sido utilizado en esas obras.
“Durante estos 24 meses, desde las dos inundaciones, se ha tratado de corregir. A quienes no quisieron esperar, se les respondió personalmente y se les propuso una fórmula de pago”, señaló.
Respecto al proyecto Las Praderas de Quiñipeumo, Luna asegura que conflictos con el antiguo propietario del predio han frenado las gestiones. Aun así, insiste en que su cliente tiene la intención de devolver los dineros a quienes lo soliciten.
“En la justicia veremos, sea una acción civil o como se está ventilando, una acción penal. Esperamos que, en una audiencia penal, podamos llegar a algún acuerdo para zanjar este asunto”, concluyó.
Próximas diligencias
La denuncia será formalizada el 2 de diciembre, fecha en que el Ministerio Público comenzará a exponer la línea investigativa y las diligencias solicitadas para esclarecer los hechos
