El gobierno de José Antonio Kast anunció una subida de los combustibles que en algunos casos supera los $500 por litro, con alzas de $372 en la bencina de 93, $391 en la de 97 y más de $580 en el diésel, una de las mayores registradas en nuestra historia reciente. Por Andrés Martinoli, Experto en Comunicación Estratégica.
Más allá de cualquier argumento técnico, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿quién paga realmente este costo?. La respuesta es evidente: la familia trabajadora.
En la región del Maule, por ejemplo, ya comenzó a subir el transporte rural, con aumentos que en algunos casos alcanzan entre un 40% y 50%. Miles de personas que dependen diariamente de estos buses para ir a trabajar, estudiar o atenderse en salud deberán destinar una mayor parte de su ingreso solo para movilizarse. No es un lujo; es una necesidad básica.
Lo mismo ocurre con quienes viven del transporte a través de aplicaciones. La tarifa no la fija el conductor, sino la plataforma. Un conductor de Uber, por ejemplo, no puede subir el precio para compensar el aumento y, con esta nueva alza, el costo adicional podría alcanzar aproximadamente $300.000 extra mensuales en bencina. Trabajará lo mismo, pero ganará menos.
El impacto no termina ahí. Subir la bencina no es solo llenar un estanque. Es el tractor del campo, el emprendedor que traslada productos, el flete que encarece alimentos y el transporte que sostiene la vida diaria. La cadena golpea, como siempre, hacia abajo.
Durante el gobierno de Gabriel Boric, en medio de la crisis provocada por la invasión rusa a Ucrania, el alza fue contenida con mecanismos financiados por el Estado, protegiendo a las personas. Hoy ocurre lo contrario; se traspasa el impacto completo al bolsillo de quienes trabajan.
Se instala así una lógica preocupante; cuando hay crisis, la familia trabajadora paga. Porque no son los números los que sienten el golpe, sino las familias que ven cómo su esfuerzo rinde cada vez menos.
Con este gobierno, el mensaje parece claro; sube la bencina, pero el costo lo paga injustamente la familia trabajadora.
