La última encuesta muestra el nivel más bajo de respaldo al Presidente desde el inicio de su mandato. La mayoría de los encuestados cuestiona la existencia de un plan de seguridad y endurece su postura frente a la inmigración irregular.
La aprobación del presidente José Antonio Kast volvió a caer y alcanzó un 36%, según la más reciente encuesta Cadem. Se trata del nivel más bajo registrado desde que asumió el cargo.
En paralelo, la desaprobación aumentó tres puntos y llegó al 58%, marcando su punto más alto hasta ahora.
Los resultados se conocen en una semana marcada por el debate público en torno a la seguridad y la inmigración, dos ejes que concentran la mayor atención ciudadana.
En seguridad, el 44% identifica este tema como el principal compromiso de campaña del Presidente. Sin embargo, un 64% no cree que el gobierno cuente con un plan de seguridad concreto, mientras solo un 36% considera que sí existe una estrategia definida.
La inmigración aparece como uno de los asuntos con mayor consenso crítico. Un 60% opina que la llegada de inmigrantes es negativa para el país y un 75% estima que deberían aplicarse más restricciones migratorias que las actuales.
Además, un 65% respalda que instituciones de salud y educación entreguen información que permita identificar a migrantes con órdenes de expulsión vigentes.
Respecto al Plan Escudo Fronterizo, impulsado por el Ejecutivo, un 57% declara aprobarlo. No obstante, solo la mitad de los encuestados cree que las medidas lograrán efectivamente cerrar la frontera y frenar el ingreso irregular.
Las medidas más estrictas concentran amplio respaldo. Un 56% está de acuerdo con cerrar completamente las fronteras; un 85% apoya fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular; un 84% respalda su expulsión y un 83% propone restringir beneficios sociales.
Asimismo, un 72% considera necesario que Chile cuente con una ley que establezca penas de cárcel para la inmigración ilegal.
En cuanto a la promesa presidencial de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares, un 61% cree que es imposible de cumplir, aunque un 54% señala que durante la campaña la mayoría pensó que se trataba de un compromiso realizable.
De hecho, un 65% prevé que la mayoría de los inmigrantes irregulares seguirá viviendo en el país.
Pese a este escenario, la ciudadanía muestra apertura a procesos de regularización. Un 77% está de acuerdo con regularizar a personas que lleven más de 10 años en Chile sin cometer delitos; un 60% apoya hacerlo con quienes acrediten empleo formal y un 40% con quienes tengan hijos nacidos en el país.
El sondeo refleja un escenario complejo para el Ejecutivo, con una caída sostenida en la aprobación presidencial y una ciudadanía que exige respuestas concretas en seguridad e inmigración.
