La concejala de Longaví Patricia Ferrada denunció haber sido amenazada por el jefe de la Unidad de Control del municipio, hecho que motivó la presentación de acciones formales y encendió alertas sobre el clima interno en la casa edilicia.
Según relató la edil, el episodio ocurrió en dependencias municipales, previo al inicio de una sesión de Concejo. De acuerdo con su testimonio, el funcionario habría insistido en hablar con ella en privado y, ante su negativa, la habría seguido por el edificio, profiriendo expresiones que la concejala interpretó como amenazas y eventuales acusaciones en su contra. La situación -afirmó- le provocó un evidente estado de alteración emocional durante la sesión.
Ferrada vinculó el incidente a denuncias que previamente ingresó ante la Contraloría General de la República, relacionadas con eventuales irregularidades administrativas, entre ellas observaciones a procedimientos de contratación y el uso de mecanismos de compra que, a su juicio, podrían vulnerar la normativa vigente. Indicó que dichas acciones derivaron en procesos de revisión y notificaciones por juicios de cuentas, lo que habría generado tensiones internas.
Tras el episodio, la concejala informó que dio aviso a colegas del Concejo y, posteriormente, realizó una denuncia ante Carabineros, además de coordinar acciones legales con su abogado. El caso quedó en conocimiento del Ministerio Público y se encuentra en etapa de investigación por la Fiscalía de Chile.
En paralelo, la Municipalidad de Longaví emitió un comunicado oficial en el que señaló su “total disposición para colaborar con las instituciones competentes”, manifestando que espera que la indagatoria permita esclarecer los hechos “con celeridad, objetividad y transparencia”. La administración comunal reafirmó, además, su compromiso con la probidad, la ética y el respeto al debido proceso.
El caso abre un nuevo flanco de preocupación en el ámbito municipal, al poner en el centro del debate la seguridad de las autoridades fiscalizadoras, el respeto institucional y las condiciones en que se ejercen las labores de control y supervisión al interior de los gobiernos locales. Mientras avanzan las diligencias, desde el Concejo se espera que se adopten medidas que garanticen un entorno de trabajo seguro y transparente para todas las autoridades y funcionarios.
