Un verdadero drama es el que vive un grupo de familias que habitan en el sector El Melado (fundo La Vinilla), comuna de Colbún, tras ser desalojados del terreno que heredaron de sus padres y donde llevaban viviendo cerca de 50 años. Hoy lunes, los afectados se manifestaron en la plaza de Armas exigiendo corregir lo que, según ellos, es un error judicial.
El miércoles 11 de enero, llegó hasta el sector El Melado, fundo La Vinilla, un receptor judicial, junto a Carabineros, para realizar el desalojo de 17 personas que habitaban terrenos que, según la orden judicial, pertenecen a la familia Castro.
La resolución de desalojo fue emitida por el Segundo Juzgado de Letras de la ciudad de Linares, lo que permitió que Carabineros, junto al receptor aplicaran la orden que comprometía a 6 familias, siendo desalojadas solo tres de ellas. El desalojo se enmarcó dentro de un conflicto judicial por la propiedad de terrenos que están colindantes al río Melado y el camino público, generando el conflicto entre las familias Bahamondez y Castro.
En el procedimiento, los lugareños tuvieron que sacar todas sus enceres a la vía pública, afectando a 17 personas, entre ellos adultos mayores y niños.
Aníbal Bahamondez, uno de los afectados señaló que “el día 11 llegaron unas personas con Carabineros, señalando que había una orden de desalojo, pero no mostraron ningún papel… llegaron con prepotencia, sacando las cosas a la calle. Andaban con otras personas más que no daban confianza y Carabineros, pero ellos no se metieron en el problema. Es un error el que está cometiendo. El rol de la propiedad que andaban trayendo ellos, no es el mismo que tenemos nosotros. Andaban desalojando con otro rol, que no tiene nada que ver con esto”.
Según indicó Bahamondez, sus padres, Abrilio Bahamondez y Orfelina Valdés Contreras, llegaron al sector La Vinilla el año 1977 y les cedieron como parte de la herencia, los terrenos que han habitado por cerca de 50 años.
Por su parte el abogado de la familia Bahamondez, Miguel Ángel Carreño, explicó que asumió la defensa de la familia cuando ya estaban con el alzamiento ad portas y el problema es que el fallo que se dictó tiene graves errores. “Estamos hablando de un campo cordillerano que tiene 2.800 hectáreas y el fallo ordena restituir 250 cuadras que son aproximadamente 400 hectáreas, pero no dice dónde. Entonces la pregunta es donde, en un campo de esta extensión, se ubican estas 400 hectáreas”.
“El segundo error es que la propiedad tiene un rol y ese rol lo manda a la propiedad que queda al lado, por lo que yo llamé por teléfono al receptor para explicarle que estaba equivocado y él me dice: “Mire yo no vengo a hacer mediciones”, y ahí, de inmediato saqué la conclusión de que no fueron con el instrumental de topografía a precisar donde tenían que hacer el alzamiento”, agregó Carreño.
El abogado indica además que la sentencia no ordena un alzamiento, dice que se restituye el retaso de terreno de 250 cuadras. “La sentencia debe cumplirse en su estricto rigor. Y otro problema es que el deslinde norte de la propiedad, que el receptor debía restituir, lo ubica como Cordillera de los Andes y todos sabemos que la cordillera no está en el norte. Y lo más grave es que mis representados inscribieron su título de dominio, ellos son dueños, pero pese a eso, el receptor siguió adelante y los lanzó a la calle”.
“Nosotros pusimos una queja disciplinaria contra el funcionario ante el pleno de la Corte de Apelaciones. La ejecución de una sentencia es un acto delicadísimo, estamos hablando de un acto que va a producir enorme efectos jurídicos, estamos hablando de desalojar 13 familias de un campo de donde han vivido casi toda su vida. El sentido común le exige a un ministro de fe, como es el receptor judicial, estar seguro de lo que va hacer”, puntualizó.
Finalmente, Carreño, informó que la semana pasada solicitaron que la sentencia sea revierta y pidieron que se designe un topógrafo, “pero todo esto está sin resolver”, por lo que esperan tener una respuesta mañana respecto a si continúa o no el alzamiento.
