Héctor Barría, Karim Bianchi y Raúl Soto dejaron el beneficio y lo calificaron como injustificado, en un contexto donde el Congreso supera los $1.000 millones anuales en traslación, mientras en el Maule ningún parlamentario ha dado señales de renunciar o costear con su propio sueldo el combustible.
En plena discusión por el alza de los combustibles, el diputado Héctor Barría anunció su renuncia a la tarjeta de combustible del Congreso, cuestionando duramente este beneficio parlamentario.
El legislador por la provincia de Osorno calificó como “totalmente incomprensible” que diputados dispongan de hasta $700 mil mensuales en combustible, mientras -según afirmó- la ciudadanía enfrenta una compleja situación económica.
A la decisión se sumaron los diputados Karim Bianchi y Raúl Soto, quienes también optaron por renunciar a este beneficio, en lo que plantearon como una señal política en medio del debate por el costo de vida.
Barría sostuvo que este tipo de asignaciones “no tiene ningún trabajador chileno”, y llamó a sus pares a adoptar medidas de austeridad mientras se exigen soluciones al Gobierno frente al alza de los combustibles.
El parlamentario también cuestionó el uso de estos recursos, apuntando a la falta de control y posibles abusos en su utilización.
En esa línea, emplazó al Congreso a actuar con coherencia. “Si no somos capaces de exigirle al Gobierno que nivele el precio del combustible, debemos renunciar a este beneficio”, afirmó.
Asimismo, criticó decisiones del Ejecutivo en materia económica, en particular el manejo del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
El debate se da en medio de cuestionamientos a las asignaciones parlamentarias, financiadas con recursos públicos, y en un contexto donde el alza de las bencinas golpea directamente a los hogares.
En el caso de la Región del Maule, hasta ahora no se han registrado pronunciamientos de parlamentarios sobre una eventual renuncia a este beneficio o la disposición a financiar de su propio bolsillo el combustible que utilizan.
De acuerdo a antecedentes disponibles, durante 2025 el gasto en traslación de senadores superó los $1.000 millones, con algunos parlamentarios registrando más de $2 millones mensuales en este ítem.
El tema instala presión sobre el Congreso en momentos en que crecen las demandas ciudadanas por señales concretas de austeridad frente a la crisis.
