A más de once meses de la desaparición de María Ignacia González, la investigación sumó un nuevo antecedente; el hallazgo de la placa patente del vehículo que conducía la noche en que se le perdió el rastro, en la comuna de Villa Alegre. Lejos de cerrar el caso, el descubrimiento ha reactivado las dudas y la crítica por la falta de resultados concretos y de información clara.
La patente -correspondiente a la placa delantera del automóvil- fue encontrada en el río Loncomillas durante una búsqueda realizada por buzos de la Policía de Investigaciones el 11 de mayo, en las cercanías de la balsa que conecta Villa Algre con Melozal. Según explicó el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, el hallazgo fue informado primero a las hijas de la concejala y a sus abogados, en el marco de diligencias que se mantienen bajo reserva.
El antecedente resulta significativo porque, hasta ahora, la investigación no había logrado ubicar ningún rastro material del vehículo ni de la autoridad comunal, desaparecida el 14 de junio de 2025. Sin embargo, el modo y el momento en que aparece la patente abren nuevas interrogantes. La Fiscalía sostiene que la placa se habría desprendido recientemente debido a la corrosión de los tornillos, lo que contradice hipótesis anteriores que apuntaban a que el automóvil estaría enterrado bajo sedimentos del río.
Si el vehículo no estuviera cubierto por sedimento, plantean familiares y cercanos, debería haber sido detectable mediante los equipos sonar utilizados en búsquedas anteriores. A ello se suma que, tras el hallazgo de la patente, se realizaron excavaciones con maquinaria pesada entre el 18 y el 20 de mayo, a unos 300 metros al norte de la balsa, sin resultados positivos ni nuevos elementos de interés.
Desde la familia de la concejala el sentimiento predominante es de frustración. Más que esperanza, el hallazgo ha generado sospechas sobre una investigación que, a casi un año, solo ofrece un “pedazo de lata” como novedad. En la comunidad, incluso, circula la duda de si la patente pudo haber sido arrojada al río por terceros.
El caso de María Ignacia González es inédito en la historia reciente del país; se trata de la primera autoridad comunal en ejercicio desaparecida desde el retorno a la democracia en 1990. Por lo mismo, el escrutinio público es mayor y las exigencias de transparencia también. Las hijas de la concejala insisten en que no descartan la participación de terceros y mantienen la hipótesis de un crimen premeditado, eventualmente vinculado a su labor fiscalizadora en el municipio.
Mientras las labores de rastreo continúan en el río Loncomillas, con equipos terrestres, aéreos y subacuáticos, la sensación es que el tiempo juega en contra. Con la llegada del invierno y el aumento del caudal, crece el temor de que nuevamente las búsquedas se suspendan sin respuestas.
A once meses de la desaparición, el hallazgo de la patente no cierra heridas ni despeja certezas. Por el contrario, vuelve a poner en el centro del debate la conducción de una investigación que, para la familia y la comunidad de Villa Alegre, sigue estando en deuda con la verdad y con la memoria de una concejala que salió de su casa y nunca regresó.
