El máximo tribunal revocó parcialmente la decisión que había absuelto a Marisol Ponce Toloza y le aplicó una sanción disciplinaria con goce de medio sueldo. El fallo concluyó que intervino para favorecer a un postulante al cargo de conservador interino.
La Corte Suprema sancionó con dos meses de suspensión de funciones y goce de medio sueldo a la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Marisol Ponce Toloza, tras establecer su responsabilidad en la interferencia en el nombramiento del conservador de Bienes Raíces interino de Cauquenes.
La resolución, dictada el 7 de septiembre de 2026 en la causa AD-411-2026, revocó parcialmente la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Rancagua el 12 de febrero pasado, que había absuelto a la magistrada de este cargo.
Según el fallo, durante la investigación se reunieron antecedentes suficientes para acreditar que Ponce instruyó a la entonces secretaria de la Corte de Talca, Marianela Bravo Rosales, para comunicarse con el juez de Letras de Cauquenes y gestionar que recibiera a un candidato específico durante el proceso de designación.
Entre los elementos considerados se encuentran las declaraciones de la denunciante; el testimonio de un funcionario que aseguró haber escuchado las conversaciones telefónicas; mensajes enviados mediante WhatsApp y registros de llamadas realizadas al tribunal.
El juez de Cauquenes declaró que recibió una solicitud para atender presencialmente a uno de los postulantes, pese a que había dispuesto que todas las entrevistas se desarrollaran mediante la plataforma Zoom, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones entre los interesados.
La Corte Suprema concluyó que la gestión estaba destinada a beneficiar al abogado Matías Jorquiera, quien posteriormente fue designado como conservador interino y ejerció el cargo entre el 1 de agosto de 2024 y el 11 de noviembre de 2025.
El máximo tribunal sostuvo que la conducta configuró una contravención al principio de probidad administrativa, al realizarse gestiones para incidir en una decisión entregada legalmente a otro funcionario y favorecer a un interesado determinado.
Para establecer la sanción, la Corte consideró la gravedad del hecho y que la magistrada se habría valido del cargo que desempeñaba en ese momento como presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca. Sin embargo, rebajó la medida atendiendo su trayectoria previa y la ausencia de reproches anteriores.
Respecto de los demás hechos investigados, la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento y las absoluciones resueltas por el tribunal de Rancagua. También mantuvo la instrucción de realizar una evaluación e intervención del clima laboral en la Corte de Apelaciones de Talca.
La decisión de absolver a Ponce de los restantes cargos contó con el voto en contra de la presidenta del máximo tribunal, Gloria Chevesich, y del ministro Jorge Zepeda, quienes estimaron que existían antecedentes para establecer otras conductas vinculadas con malos tratos o falta de consideración hacia los denunciantes.
