Luis Igor Antías es parte de los historiadores nacionales que está dando una nueva mirada a la historia recientes, analizando temáticas relevantes para el desarrollo de nuestro país. Avecindado desde hace poco en Linares nos entrega a través de éste artículo una visión del proceso que vive la educación chilena.
Nos señala que “el actual sistema educativo tiene su origen en las reformas implantadas por el régimen militar de 1980 que significó el traspaso de la educación pública a la administración municipal, permitiendo la competencia de las escuelas municipales y particulares que recibían subvención escolar del estado, además se permitió que privados crearan universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Esta institucionalidad profundizó la segmentación social, característica histórica de la educación chilena”, llegada la democracia aparecieron nuevos desafíos, indica en este artículo que reproducimos.
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL
Antes del gobierno militar había tres instancias escolares; los estudiantes de clase alta asistían a colegios privados pagados, los de clase media estudiaban preferentemente en liceos públicos y los de extracción popular cursaban solo algunos años de enseñanza básica en las escuelas primarias públicas o privadas subvencionadas. Las universidades, eran gratuitas, estaban reservadas para una pequeña parte de la población que lograba aprobar los exigentes requisitos de acceso y cuyas familias podían seguir manteniéndola, en promedio, solo el 7% de los jóvenes en edad universitaria estudiaban en la educación superior, es decir 55.000 estudiantes.
La reforma de los años ochenta reforzó la estratificación social, por la diferenciación que se indujo entre escuelas privadas subvencionadas y municipales. A las primeras se les permitió operar como entidades que podían obtener utilidades, a lo que sumó la oferta tradicional de escuelas religiosas con nuevos establecimientos privados. Muchos de ellos buscaron atraer a las familias de clase media ofreciéndoles un ambiente social más homogéneo y símbolos de distinción, infraestructuras deportivas y similares. Los más exitosos pusieron en marcha exámenes de admisión para seleccionar a los estudiantes con mayor capacidad de aprendizaje. De este modo, el sector privado subvencionado empezó a congregar a alumnos de clase media y las escuelas municipales se fueron quedando a cargo de aquellos estudiantes de menor condición socioeconómica y con mayores dificultades para sus aprendizajes.
Llegada la democracia se desarrollaron una serie de iniciativas destinadas a implementar la equidad, igualdad y calidad educativa; ello con alta inversión en infraestructura, proyectos de mejoramiento educativo, jornada escolar completa, etcétera; ha pasado el tiempo y en estos últimos años se ha optado por una reforma educacional de envergadura, destinada a modificar la estructura del sistema vigente. Por eso, a fines del 2016 se inició el proceso legislativo del término de la municipalización y su reemplazo por servicios locales financiados centralmente. También, la ley de inclusión, promulgada en 2015, prohibió la selección en los establecimientos con financiamiento público, poniendo fin al copago en la educación particular subvencionada y prohibió el lucro de estos establecimientos, ello a través de una implementación gradual y que comienza plenamente este año.
A lo largo del período hubo también cambios fundamentales en la institucionalidad de la educación con la creación de organismos para la calidad y la regulación del sector, poniéndose en marcha un sistema de carrera docente, se reformó el currículo, se creó la Subsecretaría de Educación Parvularia y se multiplicó la dotación de establecimientos de ese nivel de enseñanza. La generalidad de estas iniciativas se relacionan con la enseñanza básica y media, claro es, que aún se cuestiona la calidad. Mientras tanto, la educación superior estuvo prácticamente desprovista de atención por parte de la política pública, salvo lo referido al sistema de crédito estudiantil.
En estos últimos años, se ha verificado como nunca antes en la historia de Chile, una expansión de la matrícula en la enseñanza superior, pero bajo un marco desregulado, sin instancias de coordinación ni resguardos de la calidad de los estudios. La situación empezó a cambiar después de las masivas movilizaciones de protesta del 2011. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet se ha impulsado una reforma del sector que incluye la instalación gradual de la gratuidad de la enseñanza, una Subsecretaría de Educación Superior y la creación de más universidades estatales, entre otras iniciativas que deberá afinar, modificar e impulsar el gobierno de Sebastián Piñera.
EDUCACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL
Cabe preguntarse, si todas las iniciativas en educación logran o no el objetivo central, que es aportar al crecimiento económico con recursos humanos más calificados y productivos, para igualar oportunidades y reducir las brechas de aprendizaje entre los jóvenes, sirviendo además las demandas sociales.
El aporte de la educación superior a la movilidad social es un tema relevante si se considera que la cobertura de la educación superior ha aumentado en los últimos años y que entre el 40% y el 50% de los jóvenes de los estratos medios bajos y bajos está ingresando a alguna institución de educación superior. Muchos de estos jóvenes son la primera generación de sus familias que se incorporan a la educación superior.
Pero hay desafíos, un estudio del PNUD en Chile señala que los jóvenes de los estratos medios bajos y bajos, no consiguen los mismos resultados que los jóvenes de origen familiar más acomodado. La mayoría cursa estudios superiores técnico-profesionales o bien va a universidades de menor calidad académica, presentan mayores tasas de deserción y sus ingresos laborales cuando egresan son más bajos, pero más elevados que en el caso de no haber llegado a este nivel de enseñanza. Esto último contribuye a acortar brechas; sin embargo, el número de estos estudiantes ha crecido a tasas mucho mayores que la economía en los últimos diez o quince años, por tanto, un factor crítico es la capacidad actual y futura que tiene nuestra economía de proveer los empleos esperados por los más de un millón de estudiantes que hoy está en la educación superior. Sumamos a ello el efecto que tendrá la creciente automatización de los procesos productivos en empleos.
En relación a lo anterior, es probable que la cobertura de la educación superior en Chile esté próxima a tocar techo en términos de los empleos que puede proveer la economía para sus egresados. La evidencia internacional señala que no hay país en el mundo que aspire a que toda la población tenga estudios superiores. Es un desafío pendiente para la enseñanza media dotar de competencias a los jóvenes que no ingresarán a la educación superior, así como la instalación de una oferta de educación continua que permita la renovación de conocimientos y competencias a lo largo de la vida.
Los jóvenes de estrato bajo y medio bajo que cursan estudios superiores en centros de formación técnica e institutos profesionales obtienen ingresos que son más bajos que los obtenidos por los jóvenes de hogares acomodados quienes tienden menos a estudiar en esos centros. Ahora bien, la brecha de ingresos entre los profesionales universitarios, según su origen socioeconómico es significativa. Esta diferencia de salario entre profesionales del estrato alto y del estrato bajo se explica por la acumulación de factores a lo largo de la niñez y la juventud, que determina un acceso muy diferenciado a la educación superior en términos de la calidad de la institución y del tipo de carrera. Además, se explica por la valoración diferenciada que hacen los empleadores, especialmente cuando se trata de puestos altos. Para el caso de altos ejecutivos se prefiere a
egresados de colegios privados de elite por un tema supuestamente cultural y porque tienen más redes de contacto.
Quizás, un tema no estudiado en términos académicos sea el futuro impacto que tendrán en este cuadro los “nuevos chilenos”, vale decir, los hijos de inmigrantes y los jóvenes extranjeros que se radicarán definitivamente en el país, ellos vendrán a sumarse a la demanda por educación superior y empleo, para lo cual, habrá que adecuar las políticas públicas, tanto para el acceso y financiamiento para la educación como también para la incorporación laboral de todos los jóvenes, será el desafío para el siglo XXI.
El mayor acceso a la educación superior ha generado expectativas de movilidad social en los hogares chilenos, y es parte de discurso político situar la educación como centro del desarrollo del país; por eso los resultados del proceso serán muy importantes, no solo para el desarrollo económico y social de Chile sino para la inclusión que tengan las personas respecto del modelo de desarrollo vigente. Mientras, estudiantes y docentes aún manifiestan malestar por las condiciones del sistema en relación a aspectos como calidad, financiamiento, inclusión y otros.
Por Luis Igor Antías
Historiador
