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martes, julio 16, 2024
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Corte de Apelaciones rechaza orden de no innovar interpuesta por la municipalidad de Colbún por despido de 4 funcionarios

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Los trabajadores a contrata, quienes llevaban más de 4 años en sus cargos, fueron desvinculados en diciembre del año pasado, sin justificación legal, por lo que Contraloría solicitó, en más de 3 oportunidades, el reintegro de los funcionarios y el pago retroactivo de sus sueldos. Ante esta situación, el municipio decidió apelar, pero finalmente la Corte de Apelaciones dio no ha lugar a la orden de no innovar.

La Corte de Apelaciones emitió el falló que da no ha lugar a la solicitud de no innovar interpuesta por el municipio de Colbún en el caso de los 4 funcionarios desvinculados en diciembre del año pasado desde el organismo local, sin justificación legal para ello.

Recordemos, que fue el concejal de la comuna, Italo Sepúlveda, quien informó a nuestro medio de comunicación sobre la situación que afectaba a los trabajadores que estaban a contrata en el municipio, a quienes se les debe renovar el contrato cada año.

“Estas personas llevaban más de 4 años trabajando y cumplían con la confianza legítima, que es cuando llevan más de dos años trabajando a contrata. Entonces, tienen que buscar justificaciones de peso para poder desvincularlos, como por ejemplo; algún sumario, algunas amonestaciones, una evaluación de desempeño baja o no tener fondos para seguir pagando estos sueldos. Ninguna de estas condiciones se cumplía, igual los  desvincularon”, explicó.

Según los últimos antecedentes, entregados por el edil, “la municipalidad, a través del área jurídica interpuso 4 presentaciones en la Corte de Apelaciones de Talca en contra de la Contraloría General de la República con motivo de dejar sin efecto los múltiples dictámenes que dicho órgano de control emitió desde abril a la fecha en donde en más de 3 oportunidades ha ordenado la reincorporación de los 4 funcionarios municipales que fueron desvinculados. Para ser más específicos, existen más de 12 oficios que contraloría remitió a la municipalidad con la finalidad que ésta diera cumplimiento a lo dictaminado, sin embargo, la municipalidad ha hecho caso omiso incurriendo en una evidente ilegalidad actuando en desacato”, afirmó Sepúlveda.

“La semana pasada, la municipalidad presentó un recurso de protección en contra de la Contraloría alegando que fue esta la actuó de forma ilegal y arbitraria en cada uno de los dictámenes remitidos de los 4 funcionarios, incluso según lo estipula la asesora jurídica de la municipalidad, la Contraloría no puede evaluar el mérito de una decisión política y/o administrativa del alcalde, lo cual es notablemente contrario ya que la labor de la Contraloría es eminentemente cumplir una función fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, y tiene el objetivo de cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos”, agregó el concejal.

“En el recurso interpuesto por la municipalidad, solicitaban la orden de no innovaren el sentido de suspender los efectos de los dictámenes lo cual en primera instancia no fue dado a lugarpor la Corte de Apelaciones según consta en la página del poder judicial”.

“También es importante mencionar que la municipalidad está solicitando que por cada recurso de protección sea contraloría quien cancele las costas de dichos procesos, por lo cual existe la posibilidad de que si la Corte falla a favor de la Contraloría, tendrá que ser el alcalde quien cancele con recursos municipales dichas costas, lo cual significará una merma en el presupuesto municipal”, Informó Sepúlveda.

Finalmente, la autoridad comunal señaló que le parece bastante grave “que el municipio esté cuestionando las atribuciones fiscalizadoras que tiene la Contraloría, puesto que esto no es solamente una decisión administrativa o política, ya que estas personas fueron desvinculadas, ilegalmente, arbitrariamente y corresponde a la Contraloría fiscalizar todo este tipo de hechos. Espero no se tenga que llegar a demandas civiles y tener que pagar mucho más de lo que ya se les debe pagar a estas 4 personas por daños y perjuicios”.

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