Los habitantes de El Peñasco y Llepo se encontraron en una situación delicada este lunes, cuando el destituido presidente de la APR, Jorge Cerda, presentó una denuncia ante la fiscalía, alegando que se había agregado cianuro al agua. Esta acusación movilizó a los vecinos de la zona, pero los análisis técnicos realizados posteriormente confirmaron que no había cianuro en el agua. Este incidente ocurrió en el contexto de la destitución de toda la directiva de la APR, debido a graves faltas de transparencia y rendiciones de cuentas de alrededor de 52 millones de pesos. Para investigar la situación, acudieron al lugar representantes de la Dirección de Obras Hidráulicas y del Servicio de Salud del Maule.
Luis Ulises Urrutia, representante de los socios de la APR en el aspecto legal, que agrupa a más de 350 familias del sector rural de El Peñasco y Llepo, informó que en una asamblea extraordinaria realizada el domingo, donde se convocó a todos los socios y a la directiva de la APR, se tomó la decisión de destituir a toda la Directiva actual debido a la falta de transparencia en los balances y movimientos financieros. Durante el mandato del presidente destituido, Jorge Cerda, no se ha proporcionado información, no hay libro de actas y no se cuenta con un registro del total de socios.
Luego de un proceso que se extendió por más de dos meses, los socios solicitaron al presidente de la APR la convocatoria a una asamblea general anual para que el directorio presentara los informes de rendición de cuentas de tesorería y el presupuesto. A pesar de haber enviado dos cartas para organizar una reunión ampliada el 6 de julio, la directiva no asistió, lo que generó descontento por la falta de información y la ausencia de sus miembros. Ante esta situación, se llevaron a cabo las instancias legales pertinentes, culminando en el proceso final del domingo 8 de septiembre, donde se decidió aplicar la censura y destituir a todo el directorio.
Luis Ulises Urrutia se pronunció sobre la alarmante situación generada por el presidente destituido, Jorge Cerda, quien alertó acerca de la contaminación del agua. Urrutia expresó: «No esperábamos que una persona ‘normal’ pudiera plantear una situación de tal gravedad, lo que ha provocado una alteración considerable en toda la región. En efecto, lo denunciado por el presidente no tiene fundamento; esto nunca ha ocurrido aquí, es completamente falso. Por lo tanto, hago un llamado a todos los socios del APR para que mantengan la calma, ya que una situación de esta índole no podría suceder. Actualmente, los responsables de este APR son el operador contratado y la comisión electoral, conformada por tres socios, quienes representan a los socios en los espacios públicos”.
En el ámbito financiero, Urrutia señaló que, “tras la destitución de la directiva, se convocó a todos sus miembros a las 16:30 horas para que pudieran presentar sus descargos ante la asamblea. Sin embargo, solo asistió el tesorero, a quien agradecemos por su valentía al presentar un informe de tesorería. Este informe indicaba un saldo teórico de más de 600 mil pesos, de un total de $52 millones y fracción. No contamos con un desglose detallado por ítem, hasta que recibamos información completa y precisa sobre los procesos y la utilización de los dineros de esta APR”.
Alfonso Bravo, residente de la zona, expresó: “Es una falacia lo afirmado por el presidente destituido sobre la contaminación del agua, y lamentablemente, esto es lo que estamos experimentando los vecinos de El Peñasco y Llepo. La situación de la APR es solo una de las muchas aristas relacionadas con la familia Cerda, donde Don Jorge, presidente de la APR, y su hija, presidenta de la Junta de Vecinos, están involucrados. Además, enfrentamos problemas con la fibra óptica y otros conflictos en la junta de vecinos. Esta desafortunada situación la hemos reportado a la Dirección Hidráulica y al Dideco, pero no hemos recibido apoyo por parte de las autoridades”.
La señora Marta Rebolledo comentó: “Yo fui quien elaboró el balance anterior junto con otra persona, donde evidenciamos numerosos problemas de plata, presentando una cuenta de 19 millones de pesos en ese entonces. Creo que se está jugando con la confianza de la comunidad, y no entiendo qué piensan al cortar los candados de acceso a la APR, lo cual no es corresponde”.
Finalmente, Lucía Canales, socia de la APR, expresó: “Considero que todo lo sucedido hasta ahora, incluyendo la denuncia de contaminación del agua, es realmente insólito. No comprendo cómo alguien puede actuar de esta manera. Es evidente que las acciones deben llevarse a cabo de manera correcta y legal, y es fundamental que se llegue hasta las últimas instancias para que todo se aclare en beneficio de toda la comunidad”.
