Héctor Rafael Mercado Barros, de 56 años, fue víctima de un brutal ataque en el que recibió 46 estocadas por parte de adolescentes de 16 años en la madrugada del 6 de septiembre, en su residencia ubicada en la localidad de Cumpeo, comuna de Río Claro. Se ha revelado que dos de los tres imputados habían accedido a la propiedad dos días antes del ataque.
Tras diligencias ordenadas por la fiscalía a la Brigada de Homicidios de la PDI, se pudo establecer que el ex funcionario municipal se percató del ingreso de los implicados, por lo que los enfrentó para evitar el segundo robo. Sin embargo, fue atacado con armas cortopunzantes, falleciendo en el lugar y siendo descubierto horas más tarde por un sobrino. Tras el hecho, los autores arrancaron del lugar con diversos objetos de valor en la camioneta del fallecido que fue encontrada en el sector El Bolsico de esa comuna.
Con la recopilación de diversas pruebas, se procedió a la detención de J.A.G.C., I.A.S.G. y B.E.M.C., quienes fueron formalizados por el Ministerio Público.
“Se les ha dado a conocer a dos de los imputados adolecentes que se les investiga por el delito de robo en lugar habitado que ocurrió el 4 de septiembre y a los tres imputados en calidad de coautores del delito de robo con homicidio, uno de los más graves que contempla la legislación penal chilena. A petición del Ministerio Público, se les impuso a los tres adolescentes la medida cautelar de internación provisoria, lo que significa que, a lo menos en el período de investigación, habrían de permanecer privados de libertad. Dos días median entre el primer y segundo hecho; cuando los imputados roban el 4 de septiembre, se llevan una serie de especies. El día 6, cuando vuelven a ingresar al domicilio premunidos de armas cortopunzantes para atacar a quien le opusiera resistencia, logran robarse la camioneta después de haber dado muerte a la víctima, quien intentó proteger las especies de valor al interior de su casa habitación en horas de la madrugada», manifiesta el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente.
Se determinó que los imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, se reveló que dos de ellos están actualmente cumpliendo bajo el régimen de libertad asistida una condena impuesta en junio por el delito de robo con intimidación.