Patricio Ojeda Alarcón, quien ha estado vinculado durante años a reconocidos parlamentarios como Hernán Larraín e Ignacio Urrutia, y relacionado con figuras políticas actualmente bajo cuestionamiento, como los alcaldes Mario Meza y Rodrigo Ramírez, se enfrenta a un proceso en la Contraloría. El informe E476253/2024, emitido por este órgano de control, objeta su contratación como “funcionario” en la municipalidad de la capital regional mientras se desempeñaba como consejero regional. El informe señala pagos sin respaldo y funciones no acreditadas, evidenciando que cumplía funciones en el municipio mientras estaba de viaje en el extranjero, así como una posible negociación incompatible al votar a favor de proyectos de su empleador, la Municipalidad de Talca, lo cual contraviene los principios de probidad administrativa.
Entre las imputaciones que enfrenta, se destaca el pago de su teléfono personal, que incluye tanto el equipo no devuelto como el plan mensual entre octubre de 2017 y febrero de 2020, periodo en el cual ya no era concejal de la comuna de Parral. Esta situación fue corroborada mediante un amparo de transparencia (Reclamo Rol C4576-24) tras la negativa inicial del municipio de entregar la información (Proceso MU204T0001782). Durante casi tres años, estuvo comunicado gracias a fondos de los contribuyentes y hasta la fecha no ha dado explicaciones sobre estos hechos.
Estas irregularidades no son casos aislados. Iván Damino Hernández, ex administrador municipal y jefe de campaña de Ojeda, ha sido vinculado a contratos sospechosos y pagos injustificados, incluyendo más de 17 millones de pesos a la esposa de Ojeda, Paulina Orellana Sepúlveda, entre 2017 y 2018, mediante los decretos de pago 90, 325, 532, 807, 1171 y 1426 de 2017, así como pagos a través de boletas sin respaldo, ordenados por el mismo administrador por un total de $11.666.668 entre julio de 2017 y diciembre de 2018.
La colusión entre Ojeda y Damino ha permitido financiar gastos personales con recursos municipales, lo que perjudica a una comuna con recursos limitados como Parral.
“Es indignante que en pleno proceso electoral, donde la ciudadanía confía en que sus representantes sean personas íntegras, observemos este tipo de conductas que desvirtúan el propósito del servicio público y ofenden el esfuerzo de cada ciudadano que paga sus cuentas de manera honrada. Se presentan denuncias, se demuestran los hechos y no ocurre nada. ¿Quién los protege entonces?”, expresó Juan Vallejos Gutiérrez, un ciudadano que, reconociendo que cualquier persona puede fiscalizar un proceso electoral, llevó a cabo la investigación que documenta estos eventos.
Los vínculos de Ojeda y Damino trascienden los límites de Parral, afectando no solo a los habitantes de la comuna, sino también a quienes, sin saberlo, han sido víctimas de esta maquinaria corrupta. Vallejos añade que “los pagos irregulares a miembros del comando y candidatos a su favor revelan una trama que no ha sido fácil de descubrir, requiriendo incluso amparos en solicitudes de información para obtener la documentación que expone esta red de corrupción”.
“Es nuestro deber como sociedad exigir transparencia y no permitir que estas malas prácticas se perpetúen en nuestras instituciones. La ciudadanía merece votar de manera informada y no ser cómplice de estos actos reprobables”, concluye el denunciante.