Informe de la Dirección de Presupuestos reveló que la administración del presidente José Antonio Kast recibió US$3.617 millones y no los cerca de US$40 millones informados previamente. El argumento de un Estado “en quiebra”, utilizado para justificar recortes y medidas como la no aplicación del Mepco, pierde fuerza tras el nuevo reporte oficial.
La situación de la caja fiscal volvió a encender la controversia política en Chile. Un nuevo informe de la Dipres mostró que el Estado contaba con US$3.617 millones disponibles al 28 de febrero de 2026, reabriendo el debate sobre la real situación de las finanzas públicas al inicio del actual gobierno.
La cifra instala un fuerte contraste con el diagnóstico comunicado previamente por el Ejecutivo, que había sostenido que recibió una “caja vacía” al cierre de 2025, con disponibilidades que apenas alcanzaban entre US$40 y US$46 millones.
Ese relato fue determinante para una serie de decisiones. Entre ellas, un recorte transversal del 3% en todas las carteras, ajustes en el gasto público y la no utilización de instrumentos de estabilización de precios de combustibles, medidas que fueron justificadas bajo el argumento de una severa estrechez fiscal.
Desde el Gobierno han defendido su versión, precisando que el dato corresponde estrictamente al cierre de diciembre, un periodo en que la liquidez del Estado suele ser más baja debido a la ejecución presupuestaria propia del fin de año.
No obstante, el nuevo reporte muestra un cambio significativo en pocas semanas. La caja fiscal registró una recuperación relevante, impulsada por ingresos, emisión de deuda y movimientos habituales al inicio de un nuevo ejercicio fiscal.
El punto central de la controversia radica en la comparación de momentos distintos. Mientras el Ejecutivo enfatiza el cierre anual, sectores de la oposición destacan que las cifras más recientes reflejan una posición fiscal más holgada de lo que se comunicó inicialmente.
En este contexto, el anuncio de un eventual “estado en quiebra” pierde credibilidad frente a los nuevos antecedentes oficiales. La discusión se traslada ahora al terreno de la interpretación de los datos y al uso político de las cifras fiscales.
Con estos elementos sobre la mesa, el debate sigue abierto. Más allá de las cifras, el episodio vuelve a evidenciar cómo la lectura de los indicadores económicos puede transformarse en un eje central -y profundamente disputado- del escenario político.
