El Presidente José Antonio Kast concretó este martes un golpe político al interior de su administración, tras remover a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la vocera de Gobierno, Mara Sedini.
Ambas autoridades dejan sus cargos antes de cumplir tres meses en funciones, en un contexto marcado por errores comunicacionales, controversias administrativas y una evaluación ciudadana negativa que se arrastraba desde las primeras semanas del gobierno.
Las salidas se producen en medio de críticas que escalaron hasta la Contraloría General de la República, generando presión política y debilitando la posición de ambas ministras dentro del gabinete.
Reordenamiento del gabinete
Tras las remociones, el Ejecutivo confirmó una reestructuración ministerial bajo un esquema de biministros, con cambios relevantes en áreas estratégicas.
En este nuevo diseño, Claudio Alvarado, actual ministro del Interior, sumará la cartera de Seguridad Pública a sus funciones.
En paralelo, Martín Arrau dejará el Ministerio de Obras Públicas para asumir responsabilidades en el área de Seguridad.
Por su parte, Louis de Grange, ministro de Transportes, incorporará Obras Públicas a su cartera.
Salida marcada por críticas
La salida de Trinidad Steinert ocurre en medio de cuestionamientos a su gestión y a la estrategia de seguridad del Gobierno. El escenario se tensionó luego de que la oposición anunciara una interpelación en la Cámara de Diputados, tras una polémica presentación realizada por la ahora exministra.
En el caso de Mara Sedini, las críticas apuntaron principalmente a su desempeño comunicacional. Días antes de su salida, apareció como la ministra peor evaluada del gabinete, con un 24% de aprobación, tras una caída de 18 puntos, según la encuesta Cadem.
“Lo importante es que estoy dispuesta a trabajar por mi país”, había señalado Sedini al ser consultada por estos resultados.
Ajustes en un escenario complejo
Horas antes de conocerse su salida, la propia vocera había abordado la posibilidad de un cambio de gabinete, señalando que se trataba de una atribución exclusiva del Presidente.
Con este movimiento, el Gobierno de Kast inicia un reordenamiento político en dos áreas clave -seguridad pública y vocería- en un escenario marcado por cuestionamientos, presión legislativa y la necesidad de reforzar el control político y comunicacional del Ejecutivo.
